LEGALIDAD JURÍDICA versus LEGITIMIDAD SOCIAL ¿Crepúsculo o fracaso de la democracia? Por Ana Jaramillo.

 

 

“La fe de la gente en la justicia y en los jueces se encuentra hoy en los mínimos históricos también porque se trata de un mundo misterioso en el cual se habla en un lenguaje inaccesible. Y lo que no se conoce provoca solo miedo y desconfianza… La justicia no es omnipotente. Los jueces no son divinidades. No pueden y no deben mejorar la humanidad o curar enfermedades éticas y culturales”

                                                                                                                                                                                                                              Francesco Caringella[1]

 

“Los sueños democráticos han ido y vuelto, a veces surgiendo como visiones de lo que podría ser un mundo humano, a veces convirtiéndose en monstruosas pesadillas, a medida que la gente se desesperaba en la búsqueda de respuestas para las presiones de sus vidas. Pero aún cuando puedan ser momentáneamente sofocados, su existencia no puede nunca ser olvidada, pues el deseo de ser parte de una comunidad significativa es una necesidad humana que ningún hecho histórico ha superado por completo aún”.

                                                                                                                                                                                                                                       Alan Wolfe[2]

                                                                                             

 

Citando al periódico italiano Corriere della sera, que le pregunta a sus lectores si están tranquilos en el mundo del totalitarismo judicial, Caringella responde como lector, como hombre y como magistrado que no: “la razón es clara: un poder sin límites es misterioso y peligroso…un poder ilimitado cuanto más anárquico es, encuentra en la ausencia de reglas su única regla[3].

 

Michelangelo Bovero se pregunta si llegamos al “crepúsculo de la democracia[4]; Norberto Bobbio se pregunta si sería exagerado decir que “la democracia ha sido derrotada[5], mientras Hannah Arendt nos habla de la “crisis de la República[6] donde sostiene que el secreto, los misterios del gobierno y el engaño como la deliberada falsedad y la mentira lisa y llana se han utilizado como medios legítimos o justificables para obtener fines políticos.

 

La reciente decisión de encarcelar al ex presidente de Brasil sin pruebas vuelve a despertar por lo menos la duda de la validez o de la “legitimidad” de los recursos procedimentales y normativos así como del significado de la legitimidad de un Estado de derecho en América Latina.  Lo mismo sucede en nuestro país cuando algunos sectores de la oposición esgrimen el concepto de gobernabilidad democrática, mientras la ilegitimidad constante de los actos del poder judicial continúan violando expresamente no solo el derecho penal, encarcelando sin condena a los opositores políticos, o a la constitución misma, con su última decisión de intervenir al Partido Justicialista con argumentos políticos y ningún fundamento jurídico cuando los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

 

La Constitución Nacional en su Articulo 38 explicita: Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.

 

Por eso también nosotros nos  preguntamos si existe el Estado de derecho  y si fracasó la democracia en nuestro país a través del totalitarismo jurídico que apaña fines políticos del poder ejecutivo.

 

En su libro sobre la crisis de legitimidad del Estado, Wolfe sostiene que “quienes abogan por un menor gasto gubernamental en los programas sociales, saben lo que hacen, pues dada la función de acumulación del estado, la única manera en la que puede reducirse la actividad gubernamental es por medio del ataque al punto más democrático, que es la política de bienestar social. Lo que está en juego no es una abstracción llamada “gasto” o “política” sino las necesidades reales de la gente real”[7].

 

Para Wolfe, el liberalismo es cada día menos aplicable. La única posibilidad de eliminar la contradicción entre acumulación y legitimación es “aplicarles a ambas los principios de la democracia”: democratizar las decisiones de inversión y distribución tanto como a las decisiones políticas.

 

Uno de los primeros en estudiar el problema de la legitimidad fue Max Weber en su monumental obra “Economía y sociedad”. Si recordamos las cinco concepciones weberianas de legitimidad en el ensayo de Joseph Bensam[8], nos señala que la legitimidad puede ser entendida como 1) creencia en la bondad de un orden social o político; 2) como un reclamo desde el poder político, militar o religioso de acuerdo a elementos legales, racionales, carismáticos o tradicionales; 3) como sinónimo de justificación de un régimen o legitimación de dominación; 4)como promesa de un futuro mejor o carismática; 5) como autojustificación  que hacen los gobernantes de su buena fortuna en aras de asegurar o monopolizar una distribución desigual de los beneficios sociales a su favor.

 

Para Juan Carlos Monedero,  en el Diccionario Crítico de Ciencias sociales, dichos conceptos de validez y legitimidad son inconsistentes dado que mezclan aspectos objetivos con subjetivos, aspectos libres de valores con otros normativos. Concluye que el apoyo a un sistema se completa con recompensas directas y con la estructura de oportunidades percibidas por los ciudadanos, sumadas  a la coerción inspirada por el miedo,  la rutinización de la impotencia y la falta de recursos intelectuales, políticos y materiales.  Para Monedero, la renuncia a hablar de la legitimidad dejaría al mercado la articulación de las diferentes realidades sociales y surge el concepto alternativo de gobernabilidad que no se sustenta en el consentimiento ciudadano “sino en las necesidades sistémicas que precisa un orden para reproducirse”.

 

La última decisión del poder judicial de intervenir el Partido justicialista con fundamentos puramente políticos, confirma la ilegitimidad de dicha medida que, como sostiene Habermas :  el Derecho en “no pocas ocasiones, le otorga al poder ilegítimo una apariencia de legitimidad”[9] ya que “entre el idealismo del derecho constitucional y el materialismo… de un Derecho…,  sólo se refleja la desigual repartición del poder social”.

 

Desde otra concepción a la propuesta weberiana, Habermas[10] diferencia la moral como sistema de símbolos del Derecho como un sistema institucionalizado de acción. Por eso la validez de las normas de acción legítima sólo se da cuando “todos los que pueden verse afectados por ellas pudiesen prestar consentimiento como participantes en discursos racionales”[11].

 

Para Mejía Quintana[12], la fórmula weberiana de “fe en la legalidad” no es suficiente para satisfacer los enormes déficits de legitimidad de la sociedad contemporánea. Para el autor, si bien el derecho debería tener una acción reguladora del mundo de la vida, su dinámica jurídico procedimental obedece más a los imperativos sistémicos que a los socio-culturales, lo cual lo convierte en la causa material del progresivo horadamiento y deslegitimación de las formas sociales.

 

Para Monedero, las tres formas de legitimidad en Weber, referidas a la eficacia, permanencia y legalidad  significa el triunfo de la racionalidad instrumental. La legalidad del derecho positivo es el criterio más fuerte de legitimidad en el Estado moderno por la sencilla razón de que comparten-derecho y Estado- la misma racionalidad formal instrumental, del positivismo jurídico frente a la racionalidad con arreglo a valores, o al derecho natural. La legitimidad de esa forma, sería el ejercicio del poder en forma permanente en un territorio mediante la amenaza de coacción física. Estado y derecho comparten el mismo “proceso de racionalización de la civilización occidental que ha impuesto una dominación basada en un orden capitalista, legalista y burocrático”[13].

 

Finalmente, para Vincenti[14] en su libro Derecho y Mentira, o Diritto e menzogna, los usos del derecho y de las formas jurídicas, de su servicio al poder, de su presentación pública y artificiosa, es una historia larga, y concluye que podría aseverarse que revela la acción política y normativa  de Occidente. El deseo de seguridad, la propaganda retórica, el miedo y la ignorancia, junto a la ilusión inducida por el formalismo jurídico hizo posible la “aceptación sincera de la res pública”.

 

Bourdieu, que analiza la relación entre el campo jurídico y el campo del poder sostiene que el descubrimiento de la injusticia descansa en el “sentimiento de tener derechos” y el poder específico de los profesionales del derecho es su capacidad de desanimar la defensa judicial de los derechos subjetivos[15]. Para el filósofo, la fuerza del derecho reside fundamentalmente en la supuesta independencia del campo jurídico que, como ideología, oculta en realidad, que la fuerza del derecho  es al mismo tiempo el resultado y la fuerza del poder existente en las relaciones productivas o el poder socio económico.

 

La democracia en América Latina está jaqueada por la instrumentalidad del poder judicial y del poder mediático. Para algunos es un nuevo Plan Cóndor para reimplantar el neoliberalismo y retrotraer las conquistas de los derechos civiles y sociales ampliados por los anteriores gobiernos democráticos. Reiteramos las cuatro libertades señaladas como fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos para que haya paz y democracia planteadas por Roosevelt en 1941. Son necesarias la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin temor y la libertad para vivir sin necesidades.

En nuestro país, se coarta la libertad de expresión, al censurar a periodistas y programas en los medios; se aumentan las necesidades sociales al aumentar día a día las tarifas de servicios básicos, cancelar programas sociales y despedir a miles de personas del sector público o de empresas que quiebran. A su vez los argentinos empiezan a vivir con miedo ante la represión de las fuerzas de seguridad y ante un poder judicial al servicio del poder ejecutivo que sigue persiguiendo y encarcelando a miembros de la oposición política sin pruebas ni condena.

La batalla cultural en América Latina es justamente trabajar para la descolonización de varias construcciones simbólicas realizadas por el poder económico y social demostrando que no existe un solo significado ni de la democracia, ni de la justicia, ni de lo que es legítimo. Explicitar los derechos de los ciudadanos, así como defender la dignidad humana es la tarea que debemos encarar hombres y mujeres de la cultura y la educación.

Ana Jaramillo

 

[1] Caringella, Francesco: 10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi, Mondadori, Milano

  1. Wolfe, Alan: Los límites de la legitimidad, las contradicciones políticas del capitalismo contemporáneo, Siglo XXI, México, 1980

[3] Op.cit

[4] Bovero et al.: La democracia en nueve lecciones, Trotta, Madrid, 2014

[5] Bobbio, Norberto: Democracia y secreto, FCE, México, 2013

[6] Arendt, Hannah: Crisis de la República, El cuenco de plata, Bs.As, 2015

 

[7] Wolfe: op.cit

[8] Bensam, Joseph: Conflict and Control. Challenge to legitimacy of modern governments, Londres, Beverly Hills, 1979

[9] Habermas, Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 2010

[10] ibidem

 

[11] ibidem

[12] Mejía Quintana, Oscar: La teoría del derecho y la democracia, en Jürgen Habermas, en Derecho, legitimidad y democracia, programa COLCIENCIAS

[13] Monedero, op. cit.

[14] Vincenti, Umberto: Diritto e menzogna, Donzelli, Roma, 2013

[15] Bourdieu, Pierre, Poder, derecho y clases sociales, Desclée, España, 2000

 

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