Las políticas de empleo de Antonio Cafiero en la Provincia de Buenos Aires . Por Aritz Recalde[1], octubre 2018

Las políticas de empleo de Antonio Cafiero en la Provincia de Buenos Aires

Aritz Recalde[1], octubre 2018

“Se insistirá en que las políticas públicas fijen como objetivo fundamental de la gestión económico social del Estado la creciente participación de sectores asalariados y jubilados en el ingreso nacional. Se deberá volver al concepto de retribución digna y al salario mínimo vital móvil actualizado con participación de representantes de los trabajadores”. Centro de Estudios para la Renovación Justicialista

Buena parte de las Políticas de Estado implementadas por Antonio Cafiero desde el año 1987, fueron formuladas previamente en el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ). En “Bases para el Plan Trienal Justicialista”, los técnicos del CEPARJ se habían puesto como meta consolidar una “política de pleno empleo” y con esa finalidad iban a impulsar “programas de promoción industrial, de activación de obra pública y de reconversión”. El ambicioso programa tenía como fin la “revolución productiva”, dando prioridad a la puesta en marcha de planes industriales, la asistencia a establecimientos productivos pequeños y medianos, el fomento a la investigación tecnológica y la apertura de planes crediticios en áreas prioritarias.

Según datos del documento “Bases para el Plan Trienal Justicialista”, el nuevo gobernador bonaerense tendría que enfrentar el problema de que el 20% de los hogares de la provincia eran pobres y esa cifra era aún más alta en el Gran Buenos Aires. Tres millones de habitantes vivían en “condiciones críticas”, dos millones dependían del cuentapropismo y alrededor del 40% de los menores de 24 meses eran pobres.

Cafiero administró el Estado bonaerense en un crítico contexto económico y político y el mandatario no exageró cuando mencionó que “goberné la provincia durante cuatro años durísimos, en los que pasaron nada menos que tres estallidos hiperinflacionarios, tres asonadas militares, un rebrote subversivo, siete ministros de Economía Nacionales, doce planes de ajuste, una traumática sucesión presidencial y los dramáticos saqueos del hambre” (Cafiero 2011: 435).

 

El Instituto Provincial de Empleo (IPE)

Como resultado de los programas neoliberales iniciados por la dictadura del año 1976, la Provincia de Buenos Aires perdió 10.000 establecimiento fabriles y 85.000 puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1988). En este contexto de crisis social y productiva, Cafiero sostuvo taxativamente que “así como en el siglo pasado se decía que gobernar es poblar, en este gobernar es crear trabajo”.

En el mes de diciembre del año 1987 el mandatario lanzó el Instituto Provincial de Empleo, como un ente autárquico dependiente del gobernador y designó en el cargo a Oscar Tangelson. En el acto de apertura del Instituto, destacó que el organismo tenía como meta “reinstalar entre los argentinos la cultura del trabajo”, abordando el drama de los 650.000 subocupados y desocupados que tenia la Provincia. Cafiero remarcó que en su gestión el trabajo “volverá a ser un derecho para todos” y un “aporte solidario y responsable a la comunidad y un pasaporte a la dignificación individual y social”.

El IPE publicó la serie de Cuadernos del “Gobierno del pueblo de la Provincia de Buenos Aires”. En el Cuaderno N° 3 de abril de 1988, se destacó como prioridad de política pública la voluntad de erradicar la “Cultura de Especulación”, que promovió “el lucro fácil y la rentabilidad improductiva” y que “desalentó la apuesta a la inversión y el empleo”.

El Instituto tenía potestades para concertar y coordinar acciones con otros organismos de gobierno y trabajó activamente con las áreas de investigación, de capacitación, de planeamiento y de promoción de empleo local, provincial y nacional. El organismo centró su labor en cuatro ejes de intervención:

  • descentralización y fortalecimiento municipal;
  • cultura del trabajo y generación de empleo;
  • planificación participativa;
  • rescate de los principios de solidaridad y beneficios colectivos y formas asociativas de producción.

    El IPE impulsó líneas de acción de “empleo de emergencia”, “proyectos asociativos y micro unidades”, “empresas asociativas”, “apoyo a empresas en dificultad”, “plan de obras y empleo por el protagonismo de la comunidad” o de “reactivación y empleo en la cultura del trabajo”.

    Una gestión participativa

    “Se procurará la generalización de los mecanismos de participación en ámbitos específicos como los vinculados a salarios, empleo, política de precios, supervisión de la estadística oficial sobre aspectos sociolaborales, gestión de empresas provinciales, progresiva incorporación por vía convencional del régimen de cogestión”. Centro de Estudios para la Renovación Justicialista

     

    En línea con los principios de la Comunidad Organizada del justicialismo, Oscar Tangelson remarcó que el IPE iba a edificar una gestión estatal de manera participativa y en conjunto con las representaciones sindicales, empresarias, con las universidades y con el resto del sistema educativo.

    Un rasgo importante del IPE y del conjunto de la política pública de Cafiero, fue el trabajo mancomunado con las municipalidades. El gobernador definió al gobierno local como una “célula básica de la administración provincial, será el nexo activo que debe convocar al primer eslabón de toda organización social: los gestos solidarios de la acción comunitaria”. Para reforzar las áreas comunales abocadas a temas laborales, el Ministerio de Gobierno creó el Servicio Municipal de Empleo que trabajó coordinadamente con el IPE y con los intendentes.

    Los gobiernos nacional, provincial y municipal iban a planificar las políticas de empleo en un contexto internacional caracterizado por la “revolución tecnológica[2]. Los desarrollos de la robótica, la microelectrónica o la ingeniería genética, exigían readecuar el perfil productivo y el Estado tenía una función indelegable en la “previsión en materia ocupacional”, “amortiguando racionalmente su gravitación sobre el desempleo”.

    Programa PRO-CASA 

    La iniciativa dependió de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y del IPE. El principal origen de los recursos fue el Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI)[3].

    PRO-CASA tenía como meta organizar unidades productivas para construir viviendas, capacitar a su personal y asesorarlas para alcanzar su sustentabilidad a lo largo del tiempo.

    La Provincia firmó 110 Convenios con las municipalidades. Los jefes políticos comunales conocían las demandas de los vecinos y sus capacidades y eran los encargados de impulsar las unidades productivas “privilegiando la formación de cooperativas o grupos de autogestión” de cada localidad. Según datos del Anuario que publicó la Provincia en 1988, de los convenios PRO-CASA suscriptos en el primer año de su ejecución, 56 eran de intendentes provenientes del Partido Justicialista, 49 de la Unión Cívica Radical y 5 de otras fuerzas políticas (Síntesis Bonaerense 1988).

    El IPE tenía como tarea central optimizar la mano de obra local en coordinación con los Servicios de Empleo Municipales. Asesoraba a las unidades productivas en aspectos de capacitación, de gestión empresarial y de selección de proveedores, entre otros temas.

    Registro de Pequeñas Unidades Productivas (PUP)

    El Registro de PUP se creó con el Decreto 799/89 y tuvo como finalidad que las pequeñas unidades productivas sean proveedoras del Estado. El Gobierno Provincial podría elegir la oferta más conveniente y no meramente la de menor precio y de esa manera el Estado “selecciona mejor, gasta menos, compra mejor y genera empleo”.

    Entre los fundamentos del programa, se remarcó el hecho de que este tipo de empresas y organizaciones tienen “escaso requerimiento de capital y alto coeficiente de empleo” y ello suponía un impacto directo en la vida de la familia bonaerense. Además, las pequeñas unidades reinvierten su ganancia en la zona de radicación “generando un efecto multiplicador”.

    Los municipios eran capacitados por el IPE y oficiaban como centros de admisión para la inclusión en el Registro.

    Como complemento, el Banco de la Provincia creó una Gerencia de Crédito Social “para asistir financieramente a estos pequeños grupos de pequeños productores, que no deben exceder el cupo de 20 personas” (Síntesis Bonaerense 1990).

    Programa Intensivo de Trabajo (PIT)

    El PIT funcionó con recursos del Fondo Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad de La Nación. Tenía como meta realizar obras públicas y sociales y reinsertar laboralmente a personas inscriptas[4] en el Registro Demandante de Empleo, de las municipalidades que integraron la Red Provincial de Servicios de Empleo.

    Las municipalidades y otros organismos adherentes garantizaban las herramientas, los materiales de construcción y pagaban los seguros. El Fondo era el encargado de sufragar los salarios.

    El Provincia firmó acuerdos con 108 municipalidades que integraron el PIT. Se desarrollaron tareas de mantenimiento de la red vial, de infraestructura de microempresas, de fabricación de elementos de construcción, de instalación de agua y de reparación de edificios públicos y otros diversos emprendimientos de forestación y desmalezado de zonas urbanas.

     

    Programa No Me olvides

    La iniciativa se desarrolló con la intervención de tres áreas de la gobernación que eran el IPE, la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno y el Servicio de Acción Solidaria Integral del Detenido.

    No Me Olvides tenía como finalidad reactivar “talleres y fábricas paradas a través de cooperativas de trabajo formadas por liberados”. Los grupos de de autogestión recibían capacitación por parte del Estado, que los acompañaba en un “criterio de adaptación que lo aleje del circuito perverso del delito”. Los ex detenidos tenían una nueva oportunidad y el Estado garantizaba su readaptación  terminando con la negativa cultura del “inmovilismo social”.

    Contribuyendo a las políticas de integración social, el IPE firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y con los Ministerios de Gobierno y deAcción Social y lanzó el Programa “Crecer Trabajando” que incorporó a jóvenes de instituciones de menores (Síntesis Bonaerense 1988).

    La hiperinflación de 1989 y el empleo

    Para paliar los efectos sociales de la hiperinflación, en el año 1990 Cafiero impulsó el Programa de Emergencia de Empleo y las municipalidades que firmaron Convenios con la Provincia implementaron acciones de forestación, redes de cloacas y agua y recibieron “Becas de Capacitación” para trabajadores desempleados. El Programa buscó el “aprovechamiento de proyectos existentes, la intensidad en el uso de mano de obra y la implementación descentralizada a cargo del municipio”. A poco de iniciarse, había 50 iniciativas que generaron más de mil puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1990).

    Bibliografía citada

  • Bases para el Plan Trienal Justicialista (S/F), CEPARJ, Buenos Aires.
  • Cafiero Antonio (2001) Militancia sin tiempo, Planeta, Bs. As.
  • Cuadernos del IPE N°1 (1988) “Gobernar es crear trabajo”, febrero, Bs. As.

    N° 2, “Revolución Tecnológica”, febrero, Bs. As.

    N° 3 “Políticas, programas, instrumentos”, abril, Bs. As.

  • Los doscientos emprendimientos, obras y logros del Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 1987-1991”, en Cafiero Renovador, Andrew McAdam (1996), Corregidor, Bs. As.
  • Programa No me olvides (S/F) IPE – Subsecretaría de Justicia.
  • PRO-CASA (S/F),  Construir con Trabajo, IPE – Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda.
  • Registro de Pequeñas Unidades Productivas(S/F), “Decreto 799/89”, IPE.
  • Síntesis Bonaerense N º 1 (1988) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
  • Síntesis Bonaerense N º 3 (1990) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.


[1] El texto es parte del Proyecto de investigación de la UNLa “El peronismo bonaerense entre 1987 y 1999: un estudio de la dinámica política e institucional de las gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde“.

[2] El Cuaderno del IPE N° 2 de febrero de 1988, se tituló “Revolución Tecnológica” y publicó el texto de Oscar Tangelson “Los cambios tecnológicos y la disminución del empleo”.

[3] Cafiero denunció que el ente nacional para la construcción de viviendas (FO.NA.VI) discriminaba a la provincia de Buenos Aires, que “teniendo el 32% del déficit habitacional del país recibe el 14,5% de estas recursos” (Síntesis Bonaerense 1990).

[4] En el mes de noviembre del año 1991 se sancionó la ley 24.013, que permitió que los titulares del PIT se incorporen con la modalidad de “Contrato de trabajo por tiempo determinado como medida de fomento de empleo”.

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