CONTRA MITRE:   ¡BASTA! Por Luis Alén

La historia argentina está llena de ejemplos. Después de la derrota de Huaqui, Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo fueron detenidos, y el primero, a quien con justa razón llamaban el orador de la Revolución, fue sometido a juicio. Para poder presentarse ante el Tribunal, como no tenía dinero propio para costearse el viaje la Junta Grande que dominaban los saavedristas le tuvo que dar quinientos pesos para que viajara de Tucumán a Buenos Aires. Los jueces que integraban el Tribunal fueron recusados por Castelli: Vicente Anastasio Echevarría había sido uno de los principales colaboradores de Santiago de Liniers, y José Miguel Carvallo era asesor del gobierno. El tribunal preguntó si Castelli había recibido regalos o cohechos; si había tenido comunicación y trato carnal con mujeres, vicios de bebidas fuertes o juegos, si había sabido de ideas o conductas antirreligiosas entre los oficiales y si tomó las medidas para castigarlas. Castelli no pudo hablar en su defensa: lo había atacado un cáncer debido al cual le amputaron la lengua. Bernardo de Monteagudo declaró que “Se atacó formalmente el dominio ilegitimo de los reyes de España y procuró el Dr. Castelli por todos los medios directos e indirectos, propagar el sistema de igualdad e independencia”. Probablemente ese era el “delito” que horrorizaba a la Junta. No hubo sentencia: el cáncer terminó con la vida de Castelli el 12 de octubre de 1812.

A Manuel Belgrano también lo enjuiciaron, aunque los cargos en su contra eran tan absurdos que el juicio terminó no solo con su absolución sino con el reconocimiento de su labor como patriota.

José de San Martín sufrió persecuciones. Cuando tras Guayaquil volvió al país y desde Mendoza quiso volver a Buenos Aires, donde su esposa, Remedios de Escalada, sufría una grave enfermedad,  Rivadavia no lo permitió, temiendo que San Martín se aliara a los federales en contra del gobierno de Martín Rodríguez. El gobernador santafesino Estanislao López le avisó  que lo querían enjuiciar por haberse negado a reprimir a los caudillos. Cuando San Martín viajó a Buenos Aires era tarde. Remedios había muerto. En una carta posterior, diría que no pudo llegar a despedirse de ella porque sabía que lo esperaban para matarlo. Los ataques y agravios de los unitarios lo obligaron a marcharse, junto a su hija Mercedes, al exilio europeo.

A Manuel Dorrego le fue peor. Derrotado por la sublevación de Juan Lavalle, este, instigado por notorios unitarios como  Julián Segundo de Agüero, Salvador María del Carril, los hermanos Florencio y Juan Cruz Varela, Martín Rodríguez, Ignacio Álvarez Thomas y Valentín Alsina, lo fusiló sin juicio previo en Navarro, el 13 de diciembre de 1828.

Derrotada la Confederación Argentina en Caseros, aquel fatídico 3 de febrero de 1852, Juan Manuel de Rosas partió al exilio. La provincia de Buenos Aires se separó del resto, por sentir negados sus sueños de supremacía. En 1853, proliferaron los juicios contra los seguidores del Restaurador de las Leyes, todos con un final cantado. Manuel Troncoso, Silverio Badía, Ciriaco Cultiño y Leandro Antonio Alén (padre del futuro líder radical) fueron fusilados y sus cuerpos colgados, sin que los reclamos de sus defensores fueran escuchados. Los juicios fueron de una evidente parcialidad: los jueces del Superior Tribunal de Justicia habían sido reemplazados por notorios unitarios: Valentín Alsina, Dalmacio Velez Sarsfield, Domingo Pica, Francisco de las Carreras, Eustaquio Torres y Alejo Villegas. Los diarios como La Tribuna, de los hermanos Varela, o El Nacional, de Velez Sarsfield, ya habían dictado sus sentencias. El propio defensor de Cuitiño y Alén, Marcelino Ugarte, debió exiliarse un tiempo por el pecado de haberlos asistido.

A don Juan Manuel primero se lo declaró reo de lesa patria y se le confiscaron sus bienes, por una ley promulgada el 29 de julio de 1857. Muchos Senadores y Diputados habían sido jueces y fiscales en los juicios contra Cuitiño, Alén, Badía y Troncoso. Algunos volverían a serlo en el juicio que se le inició, por mandato de la misma ley, ante la justicia ordinaria, donde actuó como juez un notorio unitario, Sixto Villegas. El fiscal fue Emilio A. Agrelo, quien años más tarde, cuando era juez civil, fue destituido de su cargo y enjuiciado. La sentencia, anunciada desde la sanción de la ley que dispuso el juicio, fue pronunciada el 17 de abril de 1861, condenando a Rosas a la pena de muerte y a restituir lo robado al fisco. Como era previsible, tanto la Cámara de Apelaciones como el Tribunal Superior confirmaron el fallo. Ya Mitre había comandado el primer golpe de Estado de la época constitucional, derrocando a Derqui.

Juan Bautista Alberdi se opuso tanto a la ley como al juicio. Sus palabras fueron: “Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo esto con colores argentinos. A mis ojos, Rosas no es un simple tirano. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido, para no conocer lo que es Rosas”.

En 1930 se produjo el segundo golpe de Estado. José Félix Uriburu -a quien sus amigos llamaban Von Pepe por su admiración del ejército alemán-, derrocó a Hipólito Yrigoyen, lo encarceló y lo sometió a juicio. Los grandes diarios como La Prensa y -por supuesto- la Tribuna de Doctrina, saludaron la caída del gobierno de la chusma de alpargatas.

La Corte Suprema que presidía José Figueroa Alcorta, con dictamen del Procurador Horacio Rodríguez Larreta, en lugar de cumplir con su deber de ser garante de la Constitución y los derechos de los ciudadanos, había declarado en una Acordada que estableció la funesta doctrina de facto en la jurisprudencia argentina, que “el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”.

Yrigoyen fue encarcelado primero en un buque y luego en la Isla Martín García, acusado de presuntos hechos de corrupción por los cuales el juez federal Miguel Jantus le dictó su prisión preventiva. Su defensor fue Armando Antille, quien años después sería diputado peronista. Pasó quince meses detenido, hasta que el 19 de febrero de 1932 Uriburu lo indultó, decisión que el viejo caudillo rechazó porque siempre sostuvo su inocencia. En diciembre fue nuevamente detenido, al igual que Marcelo T. de Alvear y otros dirigentes radicales, y volvió a Martín García donde permaneció hasta mediados de enero de 1933 cuando fue liberado. El 3 de julio de ese año falleció. De su entierro, tres días después, participó una enorme multitud que llevó a pulso el féretro.

Juan Domingo Perón enfrentó distintos intentos contra su gobierno, en 1951, en 1953, en junio de 1955 -cuando la aviación naval bombardeó la Plaza de Mayo tratando de asesinarlo-, hasta que el golpe de septiembre de 1955 lo desalojó de la presidencia a la que había llegado dos veces, en brazos del voto popular.

Inmediatamente se le abrieron ciento veinte procesos, por distintas causas que incluían desde la traición a la patria, múltiples actos de corrupción y hasta el estupro por su presunta relación con una adolescente. Junto a él fueron acusados muchos dirigentes del peronismo, como Héctor Cámpora, John William Cooke, Oscar Bidegain, Ángel Gabriel Borlenghi, Juana Larrauri, Delia Parodi, José Espejo y Eduardo Vucetich.

La dictadura fusiladora, mediante el decreto 4161, prohibió como delito nombrarlo -a él y también a la difunta Eva, y hasta a sus parientes-, y decir palabras como peronismo, peronista, justicialismo, justicialista o tercera posición. También era delito cantar la marchita -Hugo del Carril fue preso por eso-, o Evita capitana.

Los fusilamientos de junio de 1956 ni siquiera necesitaron un proceso. Fueron -algunos de ellos-, ejecutados incluso antes de promulgada la Ley Marcial que estableció la pena de muerte bajo la cual fueron asesinados el general Juan José Valle y sus seguidores.

Recién cuando el dictador Alejandro Agustín Lanusse decidió levantar la proscripción del peronismo, y devolver el cadáver de Evita, aquellas ciento veinte causas terminaron.

Ahora es el turno de Cristina. El cúmulo de acusaciones que el grupo de denunciantes profesionales de la derecha argentina encabezados por la profetisa de Exaltación de la Cruz desparramó contra la maléfica reina populista fue convenientemente reproducido y aumentado hasta el paroxismo por cientos de tapas de LA NACIÓN y su primo el clarinete mentiroso.

Con la descarada costumbre de los tribunales federales, las causas se fueron acumulando en los juzgados señaladamente enemigos de Cristina. La mayoría, con el pistolero ya fallecido, autor de la doctrina del derecho penal creativo y de los procesamientos por cosas que eran más o menos así, y si no en el de Julián Ercolini, el mismo que sobreseyó la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa sin recibir la declaración de ninguno de los imputados ni prestar la más mínima atención a lo que no fueran los alegatos de las defensas.

Así, a partir de abril de 2016 Cristina tuvo que contestar acusaciones por las operaciones con el llamado “dólar futuro”, la firma del Memorándum de entendimiento con Irán, el presunto lavado de dinero en los hoteles familiares (Hotesur-Los Sauces), las fotocopias de los cuadernos escritos por el integrante del batallón 601 de inteligencia del Ejército Oscar Centeno bajo el dictado del empleado del pasquín de los Mitre-Saguier Diego Cabot, y desde ellos por supuestas irregularidades en los subsidios a colectivos, cartelización de la obra pública, renegociación de contratos en los corredores viales, el uso del avión presidencial, la tenencia de una carta de San Martín a O’Higgins y los presuntos sobreprecios en la compra de gas natural licuado. Y además, por las presuntas irregularidades en las licitaciones de Vialidad Nacional para obras en la provincia de Santa Cruz.

La mayoría de las acusaciones eran tan absurdas que ni siquiera el territorio ocupado por las tropas de juristas derechosos en Comodoro Py las pudo sostener. Solo subsistieron las fotocopias de los cuadernos y la causa de Vialidad, aunque alguna esperanza depositada en la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema abrigan los denunciantes del dólar futuro, el Memorandum y los hoteles.

Ahí llega el mamarracho protagonizado por el futbolero Diego Luciani y el visitante de la ex ministra saltimbanqui y de la cueva de espías Sergio Mola. La acusación en la primera causa que llegó a la instancia de juicio oral y público, la de Vialidad. Un show de baja calidad y ningún asidero jurídico, donde el análisis de las pruebas se reemplazó por las íntimas convicciones de los acusadores, que no vacilaron en saltar todas las reglas, desde la lectura de sus alegatos hasta la referencia a pruebas que no estaban en el expediente, con lo que se hallaban fuera del control de las defensas, en abierta violación de las más elementales garantías del debido proceso.

Lo que no pudieron prever, los fiscales y sus mandantes del entramado mafioso conformado por empresas de medios, grupos económicos y dirigentes opositores, fue la respuesta popular. Que fue una constante en la historia, el pueblo reaccionando frente a los atropellos del poder. Así, la lucha por la independencia no se frenó, más allá de los ataques que sufrieron los primeros patriotas. La causa federal sobrevivió a la muerte de Dorrego y el exilio de Rosas, y revivió cuando Yrigoyen emprendió la lucha contra el régimen falaz y descreído. El peronismo surgió aquel 17 cuando se levantó el subsuelo de la patria sublevada, y soportó después bombardeos, fusilamientos, exilios y proscripciones que no lograron vencerlo.

Ahora ese pueblo que parecía aletargado, sin respuestas frente a una crisis que crece y crece, encontró el motivo que precisaba para lanzarse, una vez más, a una lucha que es la misma desde los orígenes de la patria, aunque vaya variando de nombres y de protagonistas. Florecieron las marchas en cada rincón de la Argentina, y la Recoleta, símbolo de las clases dominantes, se vio invadida de gente que mostraba su amor y su lealtad por esa mujer que representa los mejores tiempos vividos. Y que señaló, con toda precisión, que el ataque no era solo contra ella. Era para todos los que todavía sueñan con una patria justa, libre y soberana.

No se atacan los errores que pudieron cometerse: se atacan los aciertos. La derecha viene por todo. Por destruir las conquistas de los trabajadores. Por terminar con las políticas de género, el matrimonio igualitario, el combate contra la trata, las jubilaciones de las amas de casa, el abrazo a los pueblos de la Patria Grande. Para tomarse venganza por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la reparación de tanta violación a la dignidad humana que cometieron las dictaduras que ellos, los mismos que ahora quieren condenar a Cristina, promovieron y prohijaron.

Tanto pueblo movilizado erizó la piel de la derecha. Reaccionaron como siempre: recurriendo a la violencia. Rodríguez Larreta vallando las calles cercanas al domicilio de Cristina, como si con eso pudiera frenar las expresiones de amor. Golpeando e insultando al hijo de la detestada, tratando de encarcelar a diputadxs y dirigentes del odiado peronismo.

Las páginas de LA NACIÓN se encendieron de nuevas diatribas contra ese pueblo indómito.  El 25/08/2022, Carlos Pagni cree que “Cristina está dispuesta a todo, incluso a romper la omertá”.  El servicial escriba advierte, sin embargo, que el esperpéntico alegato de Luciani y Mola no resiste un análisis jurídico. Ve que tanta conversación traída de los pelos no sirve para mucho, porque “no hay mensajes directos entre López y la señora de Kirchner o su hijo. O entre los Kirchner y Báez”. Reconoce que la asociación ilícita “Es una figura con matices ideológicos, que surgió para superar las dificultades existentes, en el temprano siglo XX, para criminalizar organizaciones revolucionarias, políticas o sindicales. Para aplicarla hace falta identificar a un grupo que perdura por bastante tiempo, que realiza muchos delitos y que exhibe una mínima cohesión. Una corriente importante de juristas considera que un gobierno no puede ser identificado con una banda de ese tipo”. Eso sí, no se priva de falsear datos: dice del banco que fue el proveedor de muchos de los dólares revoleados por el amigo de Nicky Caputo, que “cuando ocurrieron los hechos, el accionista mayoritario de Finansur era Cristóbal López”. El único problema es que López entró mucho tiempo después. Y por las dudas, termina imaginando que a Cristina “Si hubiera que perseguirla, Dios no lo permita, sería por los tres años del gobierno actual, del que ni Luciani consigue despegarla”.

El 28/08/2022, Joaquín Morales Solá creyó ver “Un gobierno alzado contra la Constitución”. Qué podía esperarse del vocero de quienes desde Tucumán desataron el infierno genocida. Qué puede saber de la Constitución y los derechos que consagra quien trabaja incansablemente para los que nada quieren saber con esos derechos. Amenaza, como siempre: a Cristina, “La esperan la sentencia del tribunal en este caso y los otros juicios orales por corrupción que todavía no comenzaron”. Frase que confirma lo que dijo la Vicepresidenta: la sentencia en su contra ya está escrita. No por los jueces, que en todos estos procesos solo repiten lo que otros escriben, desde las páginas del poder que impúdicamente celebran la violación del derecho de acceso a la justicia. No le preocupa, a Morales, lo que dicen los códigos, lo que escriben los tratadistas. Como si fuera una verdad consagrada dice que “se puede recrear en la Justicia una amplia empresa criminal (para usar la jerga jurídica) con varias investigaciones en curso. Es una teoría que ya escribió en un dictamen el juez de la Cámara Federal Mariano Llorens”.  Justifica de esa manera el atropello de usar pruebas de otros expedientes, y claro, obvia decir que el juez al que recurre es el tercer integrante de esa banda autodenominada Liverpool que participa de campeonatos organizados por el gran dormilón que nos endeudó por varias generaciones, y que, oh casualidad, es quien mandó iniciar esta causa. No es el gobierno el alzado contra la Constitución. Son ustedes, Morales, los que nunca respetaron a la Constitución. La derecha a la que usted sirve con tanto entusiasmo y que es ama y señora de tanto habitante de Comodoro Py y el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Para el novelero Jorge Fernández Díaz, en su nota del 28/08/2022, estamos frente a “Una épica de utilería para evadir una realidad insoportable”. Lo que parece a todas luces insoportable es la prosa del escriba, capaz de decir que Santiago Maldonado era un “artesano que se ahogó en el río huyendo de Gendarmería” en lugar de recordarlo como quien estuvo desaparecido durante muchos días, tras haber sido perseguido por la violenta represión ordenada contra el reclamo de un pueblo originario, y cuyo cadáver apareció en un lugar que ya había sido inspeccionado varias veces. El novelero cree que puede escribir cualquier cosa, pensará que inventar realidades es una práctica que se le permite dado su estatus de escritor. La respuesta popular le parece tan solo “una sublevación de hecho contra el Poder Judicial, no por un fallo sino por el simple alegato de dos fiscales”, alegato al que califica como prolijo, tal vez porque no se anima a navegar en las áreas jurídicas que arrasarían como un tsunami la disparatada acusación. Y vuelve a soñar con el objetivo último de tanta barrabasada: terminar con el odiado peronismo, lo que le permite decir, contra toda evidencia, que “la belle époque del kirchnerismo acabó hace rato”. Negar la realidad es un claro síntoma de alienación, Fernández. Consulte a su analista.

Una editorial de la Tribuna de Doctrina, también del 28/08/2022, advierte sobre “Un país de cristales rotos” y se horroriza porque “Nuestro hogar colectivo, la Argentina, se encuentra vandalizado. Poco a poco, le fueron rompiendo los cristales al deteriorarse el principio de autoridad, la vigencia de la ley y el respeto por las instituciones”. Si no fuera porque a la hora de establecer los culpables invierte las cosas, uno podría estar de acuerdo con el diagnóstico. Todo eso es lo que hicieron, a través del tiempo, los gobiernos saludados históricamente por LA NACIÓN, tan a gusto con las dictaduras y el neoliberalismo que jamás se preocupó por la justicia sino para manipular a quienes deberían administrarla.

En medio de todo esto, una perlita. En una de sus intervenciones en la señal de cable de LA NACIÓN, a Eduardo Feinmann se le escapó una verdad. Porque cuando criticaba a Cristina y la acusaba de haber mentido cuando sostuvo que nunca sus militantes fueron a la casa de los dirigentes del macrismo, para refutarla recordó que sí habían ido contra los jueces de la Corte. Feinmann, gracias por el sincericidio que confirma a quién pertenece los cortesanos

A Claudio Jacquelin, que el 29/08/2022 dice que “Volvió la grieta y golpea a la oposición”. Lo que le preocupa es que “el pedido de condena a Cristina Kirchner, su victimización y su liderazgo indiscutido sobre una militancia que la venera lograron, al menos momentáneamente, reponer la división, impactaron en el seno de la coalición opositora y entramparon al más consensualista de los cambiemitas”. Cree que “Nadie quedó más expuesto que el principal aspirante opositor a la presidencia. Por poner las vallas y por sacarlas”. Toda la nota gira sobre este Rodríguez Larreta, del mismo nombre y la misma familia que el Procurador que dictaminó a favor de la dictadura de Uriburu. Parece que al escriba lo inquieta pensar que la esperanza de la derecha para el 2023 termine desdibujado por no saber ni siquiera reprimir con eficacia. Y la nota termina casi apocalíptica: “La grieta está de vuelta y su regreso no es la mejor noticia para la búsqueda de la estabilidad”.

Ocurre que la grieta está desde el principio de nuestra historia. Solo hay que ver de qué lado se para cada uno. Por eso, frente a tanto atropello, tanta mentira, tanto discurso de odio, tanta infamia, hay que escuchar de nuevo el grito de la gente: basta