Aritz Recalde – junio 2010
En el artículo vamos a hacer un breve análisis de la historia de las universidades argentinas en el periodo que va de la inauguración de la Universidad de Córdoba de 1613, a la aparición del programa reformista del año 1918. En el recorrido tendremos en cuenta las vinculaciones existentes entre la institución educativa, el contexto histórico, el modelo productivo y la política. Vamos a trabajar sobre la hipótesis de la existencia de tres modelos diferenciados de universidad:
– La Universidad Colonial;
– La Universidad Liberal o de los Abogados.
– La Universidad Reformista.
I- LA UNIVERSIDAD COLONIAL.
El origen de la universidad argentina se remonta a la fundación de la Universidad de Córdoba en el año 1613[1] y fue producto de la política de ocupación colonial española. Es oportuno remarcar, que el territorio de nuestro actual país, formaba parte del Virreinato del Perú hasta su desprendimiento con el Virreinato del Río de La Plata (1776) y partir de este último, se produce la separación de las actuales naciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En este marco, la institución cordobesa coexistió con otras como la Universidad de Chuquisaca radicada en la actual Sucre -Bolivia- y en la cual se educaron muchos dirigentes que ocuparon lugares prominentes en la política del continente como fue el caso de Mariano Moreno o de Bernardo Monteagudo.
La creación de las universidades se organizó con la finalidad de garantizar la efectiva ocupación territorial y administrativa de los territorios. La ciudad de Córdoba donde se radicó la universidad, formó parte fundamental del camino del Alto Perú y fue un nodo de desarrollo importante en su época. A la primera etapa de ocupación militar ejercida por España, le siguió la organización de un esquema institucional capaz de garantizar el ordenamiento político y la posesión económica. Con esta finalidad, se crearon las sedes de los futuros Cabildos que oficiaron como cabeceras de las actuales provincias argentinas. Dichas ciudades implementaron sus sistemas normativos a partir de la legislación de indias, del Derecho de Castilla y del Derecho Canónico (Korn 1936: 28) y organizaron su sistema político a partir de la llegada de dirigentes españoles (inmigración). Los primeros pobladores se ligaron estrechamente a las tareas de ocupación militar y a la organización del sistema de extracción de recursos hacia el gobierno central y es por eso, que los Cabildos fueron denominados de “Justicia y Regimiento”. Una vez consolidada la posesión territorial, España se aboco a formar gobiernos estables en sus colonias con el objetivo de sostener su programa económico y político. En este contexto, aparece la necesidad de abrir universidades para educar a un conjunto de individuos capaces de apuntalar la administración institucional y de aplicar la política española en América.
Es importante remarcar que los dirigentes que ocupaban las funciones de mando eran españoles de origen y que por mucho tiempo las universidades tenían las tareas de preparar a funcionarios de bajo nivel de responsabilidades de gobierno. Asimismo y dada la condición racista de la política colonial, no accedían a la educación los representantes de los pueblos originarios, los mulatos o los zambos y por mucho tiempo tampoco, los criollos americanos. La educación era impartida a grupos reducidos de personas que conformaban una elite política y cultural.
Las universidades, las escuelas[2] y conjuntamente a otras organizaciones ligadas a la imposición ideológica a las poblaciones originarias (encomiendas) o las estrictamente religiosas (iglesias) fueron prácticamente las primeras instituciones estables españolas abocadas a la producción y divulgación de la cultura. Lo que es más importante aun, las universidades fueron las instituciones más significativas en la tarea educativa de España en América. Dichas instituciones reprodujeron los esquemas de las universidades españolas caracterizadas por su impronta escolástica y religiosa. Dicho tipo de formación se relacionó directamente a que la religión era la doctrina política del imperio español, a partir de lo cuál los dirigentes y funcionarios de las colonias asimilaron la visión del mundo de la potencia metropolitana. Dichas instituciones impartían el cúmulo de saberes morales de su tiempo y otros como matemáticas, historia o filosofía. La Universidad de Córdoba se dividió en dos Facultades:
a- Facultad de Artes: aquí se estudiaba lógica, física y metafísica según Aristóteles. La duración de los estudios fue de cinco años. Se obtenía el título de bachiller, de licenciado y de maestro.
b- Facultad de Teología: se impartía el conocimiento de Cánones, moral y teología y posteriormente, se sumó la escritura y la historia sagrada. A los tres títulos mencionados, ésta Facultad sumó el de doctor.
Inicialmente, la universidad de Córdoba fue administrada por una línea interna de la Iglesia denominada Compañía de Jesús que fue creada por Ignacio de Loyola y los jesuitas. Posteriormente a la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III y a la creación del Virreinato del Río de La Plata (1776), la universidad fue controlada por los seguidores de Francisco de Asís (franciscanos). Luego de la expulsión de los jesuitas la Universidad se organizó en torno del gobernador de Buenos Aires y del Virrey, hasta que en el año 1808 fue refundada bajo la denominación de Real Universidad de San Carlos y de Nuestra señora de Monserrat. La educación impartida por las universidades coloniales se relacionó estrechamente a la educación de sacerdotes y de administradores. Para mejorar la formación de esto últimos entre los años 1791 y 1793 se organizó la enseñanza de derecho civil (Del Bello, 2007: 20).
La Universidad de Chuquisaca y a diferencia de la de Córdoba, impartió conocimientos jurídicos desde su origen y es por eso, que muchos intelectuales y políticos como Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo o Juan José Castelli, pasaron por sus aulas.
Educación y producción
El atraso de España en relación a la revolución industrial y a los sistemas productivos ingleses, fue un factor fundamental para la formación de sus sistemas educativos. Dicho modelo institucional fue el reflejo de un país que no producía mucho de lo que consumía y que importaba gran parte de las manufacturas desde Inglaterra en pleno proceso de revolución industrial. El exiguo desarrollo de las industrias de las colonias americanas y su condición de ser exportadoras de recursos naturales, generaron escaso incentivo a la educación productiva o técnica aplicada a la transformación económica del continente. En dicho marco, la universidad implementó una función de difundir el dogma religioso y la doctrina política del Estado imperial, que estuvo centrada en la exportación de los recursos de la colonia a la metrópoli y que no se dedicó a promover industrias en América.
Esto no quiere decir que no se desarrolló la industria en América ya que y por el contrario, se produjo en el continente una fuerte articulación de los modelos productivos precolombinos con las nuevas formas de acumulación y de trabajo europeo que culminaron en la producción de tejidos de lana y algodón, en la fabricación de sandalias y otros productos de cuero, en la creación de pólvora, de artesanías en oro y plata, de carretas o en la promoción de plantaciones en las haciendas y en las estancias que conformaron fuertes lazos comerciales de un continente que se integraba económicamente. Dicha integración dio contenido a lo que serían las futuras nociones de soberanía e independencia nacional.
Un caso excepcional de articulación entre enseñanza y producción, fueron las Misiones Jesuíticas a partir de las cuales se implementó un proyecto productivo y cultural en el cuál se impartieron conocimientos para la explotación agrícola y artesanal a los pueblos originarios. En estas experiencias de carácter comunal se construyeron grandes haciendas de yerba, se producían azúcar, cueros, tejidos y se promovió la formación técnica a los pueblos originarios para la construcción de artesanías en hierro, en madera o en plata (Astesano, 1986: 88-89).
II- LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA INDEPENDENTISTA
En el marco del proceso independentista argentino coexistieron diversas tradiciones políticas e ideológicas a partir de los cuales se organizaron los proyectos educativos, incluyendo la universidad. Por un lado, existieron corrientes políticas y culturales que plantearon la importancia de promover la independencia de España recuperando territorialmente la unidad del Virreinato e impidiendo su fragmentación en varios países. Los promotores de dichos programas impulsaron el desarrollo de la economía y las formas de producción artesanal del interior del país y el continente y movilizaron detrás de estos fines a los sectores sociales postergados (pueblos originarios, negros o mestizos). En términos culturales estos grupos consideraron que la independencia política no implicaba la negación de las tradiciones culturales hispánicas y de aquellas provenientes de nuestro acervo histórico originario. Arturo Jauretche (2008) denominó a estos políticos e intelectuales como los impulsores de la “Patria Grande” y mencionó a figuras como José de San Martín, Manuel Dorrego o Juan Manuel de Rosas. Frente al programa político de la Patria Grande y siguiendo a Jauretche, se enfrentó el proyecto de la “Patria Chica”. Dicho modelo se caracterizó por permitir e incluso promover, la fragmentación del Virreinato en varios países e impulsó las políticas de apertura económica y de importación de manufacturas enfrentando a los productores locales. En el plano político, dichos grupos fueron promotores de modelos restrictivos para el acceso y la participación política que quedó circunscripta a las elites y a los grupos de poder económico. En el plano cultural se caracterizaron por el intento de negar la identidad histórica del continente haciendo “tabla rasa” e impulsando el modelo de la razón iluminista (Chávez 1977). Dichos intelectuales y políticos fueron, generalmente, anti hispanistas y racistas bajo el lema de la “civilización y la barbarie” y promovieron los valores y formas de vida y trabajo británicos y franceses sobre los locales. Jauretche ubicó en este programa político y cultural a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre.
En este marco, es interesante rescatar la opinión de Adriana Puiggrós (2004) que se refirió a la existencia de diversos modelos educativos en las Provincias Unidas del Rio de La Plata luego de la independencia. La autora reconoció cinco modelos y los denominó como una “pedagogía liberal radicalizada” y citó a Mariano Moreno o a Simón Rodríguez; una “educación federalista popular” mencionando a Gervasio Artigas o a Francisco Solano López; una “pedagogía de la generación liberal del 37” con personajes como Domingo F. Sarmiento; una “pedagogía liberal oligárquica” citando a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre; y una “pedagogía tradicionalista colonial anti independentista”. El esquema de la Patria Chica y retomando el modelo de Jauretche, fue el de la “pedagogía liberal oligárquica”. Puiggrós menciona un hecho poco difundido en la historia educativa argentina que es el de la existencia de proyectos educativos entre los caudillos federales y por ejemplo, cita las experiencias de Santa Fe (Estanislao López), de la Banda Oriental (Gervasio Artigas) o de Entre Ríos (Justo José de Urquiza).
La Universidad liberal o de los Abogados: la Universidad de Buenos Aires (UBA)[3]
La Universidad de Buenos Aires se fundó en el año 1821 por decisión del gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y por intermedio de las gestiones de su ministro Bernardino Rivadavia y del sacerdote y bachiller en letras, Antonio Sáenz. Éste último fue su primer Rector y uno de sus principales promotores. Dicha institución dependía de la provincia de Buenos Aires y promovió principalmente y a diferencia de la Universidad de Córdoba, los estudios profesionales en jurisprudencia (abogados) desplazando la centralidad y pese a no suprimirlos, de conocimientos como teología. Tal cual expresó Puiggrós, Rivadavia era devoto de la “pedagogía liberal oligárquica” y dicho perfil profesional se vinculó al programa económico agroexportador dependiente y que Jauretche mencionó como parte de la “Patria Chica”.
En el plano administrativo Rivadavia impulsó una centralización educativa repitiendo en el modelo de universidad napoleónico, que implicó que la institución sea el ámbito rector del conjunto del sistema educativo[4]. El Rector de la universidad y siguiendo el modelo de organización francés, dependía política y administrativamente del Estado por intermedio de la provincia de Buenos Aires a través del Ministro.
La formación en jurisprudencia era una competencia vinculada a la administración del programa de servicios y agroexportador ligado al puerto porteño. En su modelo educativo no se impulsaron las industrias nacionales y por el contrario, se promovieron las nociones liberales del libre cambio impulsadas principalmente por Inglaterra y que en nuestro país ingresaron como políticas de Estado desde el año 1809. Se fomentaron modelos políticos propios de la tradición europea y se sentaron los principios ideológicos para justificar la acción de gobierno porteño que se desarrolló plenamente durante la gestión presidencia de Bartolomé Mitre (1862-68). Tal cual expresó Fermín Chávez “Europeizar significó, para ellos, liquidar valores hispánicos de América, para dar paso a los valores e ideales anglosajones, representativos de la encarnación iluminista” (Chávez 1977: 32).
La organización institucional de la UBA en su proyecto original constaba de los Departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de ciencias exactas, de medicina, de jurisprudencia y de ciencias sagradas. Según Mignone (1998: 16) la UBA en sus inicios solamente alcanzó a dictar estudios preparatorios (latín, filosofía, física y matemáticas), de derecho y de medicina. La emisión oficial de estos dos últimos títulos quedaba en manos de la Academia de Jurisprudencia y del Protomedicato creado en 1813. Se impartió una educación liberal y secular apuntando a la formación de profesionales.
La asunción de Bernardino Rivadavia al mando del gobierno nacional en el año 1826 implicó la aplicación de un paquete de medidas de gobierno que generaron un profundo malestar en las provincias argentinas. En particular, fue rechazada la Constitución centralista, elitista y extranjerizante del año 1826, su política de venta de yacimientos mineros de La Fátima en La Rioja, el inicio de la deuda externa con un empréstito y sus negociaciones con Brasil para separar la Banda Oriental (Scalabrini Ortiz, 2004). En este cuadro de inestabilidad permanente, Rivadavia es expulsado del gobierno y asumió Manuel Dorrego que fue asesinado un tiempo más tarde por Lavalle. En este complejo panorama, se tornó profundamente dificultosa la situación política nacional que entró en un estado de guerra civil y a partir de aquí, fue tumultuoso el funcionamiento de la UBA.
La UBA y Juan Manuel de Rosas
Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina en dos oportunidades (1829-32 y 1835-52). Su gobierno intentó pacificar y unificar el país tras los fuertes conflictos políticos originados por el gobierno liberal y unitario de Bernardino Rivadavia. Con dicha finalidad firmó el Pacto Federal de 1831, que es una pieza constitucional clave para la organización política e institucional argentina.
En el año 1832 se formó una Comisión que reorganizó el funcionamiento de la UBA y que constituyó un gobierno con un Consejo de la Enseñanza y Administración compuesto por el Rector y por un profesor de cada uno de los Departamentos y que entró en vigencia recién en 1834. En su primera gestión de gobierno, la UBA no conoció demasiadas modificaciones en su funcionamiento en relación a la etapa anterior (Ramallo, 1954: 6).
El segundo gobierno de Rosas inició transformaciones en el país que marcaron el normal funcionamiento de la universidad. Por un lado, sancionó una Ley de Aduanas en el año 1835 sobre una propuesta del gobernador correntino Pedro Ferre y con la finalidad de proteger las industrias del interior. Dicha medida le permitió mejorar las relaciones con los gobernadores y fomentar la producción artesanal dando estabilidad al régimen político y crecimiento al modelo económico. Un tema crucial para la época fue el enfrentamiento político y militar entre el gobierno argentino y Francia en el año 1838 por el intento de la potencia extranjera de imponer condicionamientos al país[5]. Al negarse Rosas a ceder a lo que consideró un atropello a la soberanía nacional, las potencias europeas iniciaron un fuerte bloqueo económico al país, cuestión que implicó una caída de la recaudación aduanera y de los presupuestos públicos. A dicho crucial enfrentamiento de política exterior, se le sumó la guerra con Bolivia y la agresión militar anglo francesa de 1845 (Rosa 1974).
En este cuadro, Rosas redujo el presupuesto a la UBA para invertirlo en los gastos ocasionados por la guerra y por la defensa territorial. Para suplir los recursos públicos implementó un impuesto especial a los estudiantes y propulsó un registro de suscriptores de altos recursos que destinaron dinero a la educación. Pese a este conflicto, no se produjeron fuertes reducciones de la matrícula universitaria exceptuando en la Facultad de ciencias exactas que dejó de existir. Mientras tanto y pese a lo severo del conflicto militar, continuaron egresando Médicos y Abogados en gran cantidad tal cual documentó Fermín Chávez (1973) en su estudio de la cultura de la época. Durante su segundo gobierno, Rosas abrió el Colegio Republicano Federal, obligó a los egresados de la UBA a jurar a la causa federal, implementó un servicio social a los egresados de medicina y reivindicó en los programas de estudio los derechos del país sobre el Paraguay, las islas Malvinas y la Patagonia.
La historia oficial y los colegios nacionales de Bartolomé Mitre
Mitre fue un político que llegó a gobernador de Buenos Aires en 1861 y a presidente en el año 1862. Asimismo, se desenvolvió como militar y participó en varios golpes de Estado[6] y en la guerra del Paraguay y además y cuestión que nos interesa remarcar, Mitre se caracterizó por implementar un programa cultural en el país. Sus aportes principales a la cultura nacional se vincularon a la institucionalización de la denominada “historia oficial” que se enseñó en las instituciones educativas, a la fundación de un órgano de prensa (Diario La Nación) y a la promoción del Colegio Nacional creado en 1864. Mitre escribió la historia oficial a partir de su obra “Galería de Celebridades Argentinas” y de sus biografías de José de San Martín y de Manuel Belgrano (Galasso, 1999). En estos trabajos Mitre reivindicó algunas figuras políticas ligadas a lo que Jauretche identificó como “Patria Chica” y denostó a otras como Gervasio Artigas o Juan Manuel de Rosas. Dicha matriz de pensamiento liberal se caracterizó por ser europeísta, elitista, antiindustrialista y represiva políticamente y favorable a nuestra dependencia con Inglaterra y con Francia. Dicho proyecto cultural fue uno de los ejes característicos de la formación y los contenidos del conocimiento impartidos en la UBA y asimilados por importantes grupos de la intelectualidad de Buenos Aires.
Mitre promovió la centralización de la formación cultural desde la provincia de Buenos Aires que trasfirió su programa ideológico y su historia oficial a todo el territorio. La presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-74) y continuando la línea cultural de su antecesor, impulsó la apertura de cinco Colegios Nacionales en las provincias y de dos Escuelas normales cuya finalidad fue educar maestros. Sarmiento además, promovió la apertura de otras instituciones educativas y culturales como el Observatorio de Córdoba o el Colegio Militar de Oficiales.
El modelo del Paraguay.
Paraguay era un territorio del Virreinato del Rio de La Plata y tras la Revolución de Mayo, se incluyó como parte de las Provincias Unidas. En el año 1840 declaró su independencia de nuestro territorio, cuestión que le fue reconocida definitivamente en 1852. A diferencia del programa agroexportador y liberal argentino aplicado desde 1853, el gobierno de Paraguay con Gaspar Francia y luego con los Solano López, impulsó un modelo económico industrialista autocentrado e independiente (Ortega Peña, 1973). El plan de gobierno incluyó la construcción y la promoción de fundiciones, de ferrocarriles, de una flota mercante, de un telégrafo y de grandes producciones de tabaco y de yerba estatales, entre otros importantes emprendimientos públicos. La aplicación del proyecto articuló el conocimiento científico europeo aprendido por los estudiantes paraguayos en los viajes de estudio que financió su gobierno, con las demandas propias del desarrollo nacional. Paraguay fue un pionero en la aplicación científica y técnica estatal a la producción y se desenvolvió como un país profundamente avanzado en términos industriales. El programa quedó inconcluso por efecto de la Guerra de la Triple Alianza. Solano López y según Adriana Puiggrós, se ubicó en la “educación federalista popular con elementos liberales” y desde aquí, deben leerse sus iniciativas de apertura de la Escuela Normal, del Colegio del Seminario o de la Escuela de Impresores y Litógrafos (Rosa 1985).
Cambios en la Universidad de Córdoba
Luego de la Independencia la Universidad siguió dependiendo de las Provincias Unidas del Rio de La Plata hasta que en el año 1820, pasó a la jurisdicción de la provincia de Córdoba y finalmente en 1854, fue nacionalizada. Desde el año 1864 se eliminó la Facultad de Teología y se introdujeron los estudios de Derecho Civil, acompañando un ciclo de cambios en la institución que incluyó la apertura de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en 1871 y pocos años después, la de Ciencias Medicas (1877) y la de Filosofía y Humanidades (Del Bello, 2007: 21). De esta manera, la UNC comenzó a tener un perfil de formación de profesionales similar al impulsado por la UBA.
El proteccionismo económico.
Tal cual mencionamos, tanto la Universidad Colonial como la Universidad de los Abogados, no promovieron las carreras técnicas y tampoco impulsaron el desarrollo de la industria nacional. Esta tendencia se agudizó desde 1853 cuando se impone el libre comercio y se difunde el programa agroexportador que incluyó la importación masiva y sin trabas de las manufacturas británicas, a partir de los puertos y los ferrocarriles. Dicho programa desestimó a la industria y junto a ella, los debates sobre la posibilidad de promover una educación técnica para industrializar el país.
Fueron las crisis económicas mundiales y no tanto las producciones de la universidad, las que alertaron sobre la dependencia y la vulnerabilidad del modelo agro exportador del país. Producto de la crisis económica de 1873 se retraen las financias públicas y las actividades comerciales. En este contexto, se produce un debate sobre la necesidad de aplicar una Ley de Aduana que y siguiendo la norma del año 1835, promueva la industria nacional y que permita aumentar los erarios públicos. Las figuras más prominentes de dichos debates fueron Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López que conjuntamente a Rafael Hernández, abrieron el Club Industrial Argentino en 1875 y que promulgaron la Ley de Aduanas de 1876, que inició nuevas perspectivas para los estudios económicos en el país (Gugliarmelli, 2007). Pese a que dichos planteos no ingresaron masivamente a la universidad, fueron un antecedente importante para la formación de nuevas escuelas de pensamiento, de actividades científicas aplicadas a la innovación y para la promoción de las actividades industriales.
La organización nacional con Julio Argentino Roca
Julio Argentino Roca fue presidente del país en dos oportunidades (1880-86 y 1898-04). Este dirigente implementó la institucionalización definitiva del modelo agroexportador iniciado en 1853. Con dichos objetivos, Roca derrotó militarmente Mitre en junio de 1880, centralizó el monopolio de la violencia en el Estado nacional e impulsó la estabilización política de las provincias. Su acción contempló la ampliación de la frontera productiva argentina con las campañas al mal llamado desierto[7] y con la entrega de grandes superficies de tierras promoviendo la consolidación de la “oligarquía” argentina.
Posteriormente a su enfrentamiento con el mitrismo y con las poblaciones originarias, Roca se abocó a la organización del Estado. Con esta finalidad culminó la aplicación de la Ley de capitalización sancionada por Avellaneda fundando ciudad de La Plata en 1882. El segundo gobierno de Roca encontró al mando de la cartera de Guerra a Pablo Ricchieri que fue el militar que promovió la aplicación del servicio militar obligatorio[8] y que impulsó la modernización del ejército argentino que va a implementar importantes iniciativas científicas en el siglo XX.
En el plano educativo su gobierno sancionó la Ley 1420 de 1884 que estableció para todo el país la educación primaria, laica y obligatoria. Previo a la sanción de la ley, se organizó un Congreso Pedagógico en el cual se discutieron las bases del ordenamiento educativo y en donde quedaron expresadas las diferencias entre el representante del gobierno, Onésimo Leguizamón y los políticos y educadores católicos. La obligatoriedad educativa y la separación entre religión y educación, favoreció la uniformidad cultural de las diversas colectividades de inmigrantes que componían la población mayoritaria del país y que hablaban distintas lenguas y que tenían historias y tradiciones diversas. Durante el gobierno de Roca se construyeron un alto número de establecimientos educativos que y según Galasso (2000: 18) pasaron de 1214 en 1881 a 1804 en 1886, es decir un 50% de aumento.
Complementado el ordenamiento institucional mencionado, Nicolás Avellaneda que en ese momento era Rector de la UBA, presentó un Proyecto de ley universitaria en el año 1883. El proyecto fue debatido en el parlamento y en una extremada síntesis, se puede establecer que existieron dos grandes posiciones al respecto. Por un lado, estaba el punto de vista de Avellaneda que propulsó dotar a las universidades de mayores potestades y por ejemplo, propuso designar a los profesores por intermedio de concursos internos con la participación de jurados docentes. Por otro lado, se expresó el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, que recomendó que el Estado tenía que disponer de mayores funciones en el control de la institución, incluyendo la designación de los docentes por parte del Poder Ejecutivo.
Finalmente y tras los debates, se promulgó la Ley 1597 de 1885 recordada como “Ley Avellaneda”. La norma tenía solamente 4 artículos y estableció la posibilidad de que cada universidad dicte sus estatutos atendiendo el esquema de la ley. El Rector era nombrado por una Asamblea Universitaria que contaba con representantes de todas las Facultades. El texto mencionó un Consejo Superior que estaba presido por el Rector, los Decanos y representantes nombrados por estos últimos. La elección de los profesores quedaba sujeta a la opinión del Poder Ejecutivo que debía nombrarlos a través de una terna presentada por el Consejo Superior. El texto mencionó el cobro de aranceles por parte de las universidades (derechos universitarios) y estableció la facultad de las universidades a emitir los diplomas como órganos delegados del Estado nacional.
Tal cual se puede leer en la ley, las Universidades y las Facultades disponían de un gobierno propio y dicha cuestión está vinculada estrechamente a la noción de autonomía universitaria y a la propuesta de Avellaneda. Asimismo y tal cuál quedó expresado por la forma de seleccionar los docentes, el Estado tenía importantes competencias para el control de la educación superior.
Las universidades y en consonancia con el modelo político nacional, eran profundamente elitistas e ingresaban a sus aulas solamente los sectores dirigentes posibilitados de cubrir los costes educativos. Según datos de Del Bello (2007: 31) en un país con una población de 4 millones de personas en la UNC había solamente 173 estudiantes y en la UBA 602, o sea 0,2 estudiantes cada mil habitantes. Asimismo y dada las dificultades de asenso social, la universidad se conformó tradicionalmente con jóvenes de clase alta y ofició como un medio de perpetuación del esquema político de la oligarquía. Ernesto Palacio se refirió a dicha característica de la siguiente manera: “la Universidad organizada por Avellaneda continuaba dando hornadas de profesionales, entre los que descollaban los abogados, mimados y favoritos del régimen, ya que entre ellos se reclutarían los ministros y parlamentarios indispensables para su correcto funcionamiento. Recibían la preparación adecuada a la función a que los destinaba, pues salían de las aulas convencidos de que el capital extranjero (y sobre todo ingles) era no sólo un factor de la producción, sino un beneficiario que merecía especial reverencia; de que los servicios públicos debían estar a cargo de empresas privadas, por que el Estado (sobre todo el argentino) era “mal administrador”; de que nuestras finanzas dependía del crédito europeo, al que había que cuidar, ahorrando sobre la “sangre y la sed” de los criollos; de que constituíamos un “emporio agrícola ganadero, destinado a cambiar perpetuamente materias primas por manufacturas británicas” (Palacio, 1960: 300). Su formación y en consonancia con el perfil agroexportador del país y con la matriz cultural promovida por la UBA, se relacionó a la tradición enciclopédica, europeísta y liberal[9]. La clase dirigente educó a la juventud en el liberalismo conservador, el positivismo y en algunas instituciones como la Universidad de Córdoba, siguió teniendo fuerte importancia la promoción de marcos teóricos cercanos a la tradición del catolicismo.
Dicho modelo cultural centrado en concepciones ideológicas liberales y que fue incapaz de producir o incorporar el salto científico y tecnológico que venía sucediendo con la primera y la segunda revolución industrial, fue una manifestación de nuestra dependencia política y económica. Dicho modelo cultural profesado por los intelectuales y dirigentes argentinos consolidó y profundizó la dependencia científica y tecnológica y la de nuestro programa agroexportador que fue el rasgo típico de América latina del siglo XIX (Herrera 1974).
Un legado característico de esta etapa va a ser la creación de los Consejos o Academias vitalicias que desarrollaban tareas en el gobierno de las Facultades y cuya particularidad fue que sus integrantes podrían no ser originarios de las universidades. Este hecho sumado a la elección de docentes por el Poder Ejecutivo, dejó un esquema de gobierno universitario estrechamente ligado al poder político y a las elites de cada comunidad en donde se insertaban las universidades. Esta va a ser una de las causas fundamentales de los conflictos universitarios con los estudiantes en el año 1918
Ampliación del sistema universitario
Tal cual mencionamos las primeras instituciones universitarias fueron la de Buenos Aires y la de Córdoba. A ellas se les sumaría las universidades de Tucumán, de Santa Fe y de La Plata que surgen como producto de iniciativas de los políticos provinciales y las elites locales. Estas experiencias y en líneas generales, innovaron en la apertura de nuevas carreras que modificaron la concepción profesionalista que se impuso desde la UBA y en su lugar, promovieron actividades científicas. Si en dicho aspecto eran innovadoras, en otros conservaron el cariz liberal y elitista del sistema educativo de la oligarquía.
La Universidad de La Plata nació como una iniciativa del senador de la provincia de Buenos Aires Rafael Hernández. La ley de creación se promulgó en 1890 e incluía las Facultades de Derecho, de Medicina, Química y Farmacia y de Ciencias Físico Matemáticas. La inauguración oficial fue en 1897 con las clases de la Facultad de Derecho y con la inscripción exigua de 47 alumnos, cuestión que no aumento demasiado ya que y por ejemplo, en el año 1904, tenía solo 75 jóvenes en las aulas. La institución fue nacionalizada en el año 1904 por intermedio de la gestión del Ministro de Justicia e Instrucción pública de La Nación, Joaquín V. González, que ocupó el rectorado en el año 1906. La institución incluyó el pase a la orbita nacional de la Universidad provincial, el Museo, el Observatorio Astronómico, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Escuela Práctica de Santa Catalina que fue complementada con las secciones de Pedagogía y Filosofía y Letras en la Facultad de Derecho; con el Instituto de Artes y Oficios, con la Biblioteca Universitaria, con el Colegio Nacional y con la Escuela Normal (Barba, 1998).
La Universidad de Santa Fe nació el año 1889 y fue nacionalizada en 1919, fecha a partir de la cual adoptó su nombre actual que es de Universidad Nacional del Litoral. Promovió nuevas carreras como la de química industrial y agrícola en Santa Fe o la de agricultura, ganadería e industrias afines en Corrientes. Además, impulsó estudios tradicionales para las universidades argentinas como eran las ciencias jurídicas y sociales en Santa Fe o las ciencias médicas en Rosario.
La universidad de Tucumán se fundó en el año 1914 por parte de la provincia y fue nacionalizada en 1921. El proyecto incluyó estudios no tradicionales como fueron los de Ingeniería Química, Agrimensura y geodesia y Farmacia que se articularon con la producción industrial y agrícola local (Del Bello, 2007: 34).
Algunas carreras y líneas de investigación promovidas no se consolidaron y entre otros factores, por el hecho de que no se produjeron cambios sustanciales en el perfil productivo del país que siguió estrechamente ligado al programa agroexportador.
III- LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA REFORMISTA
“Los que respiran en una época de excepción como la nuestra, lejos de epilogar sobre los acontecimientos, deben vivirlos; lejos de juzgar la historia, deben hacerla” .Manuel Ugarte (1996: 51)
El termino “reformismo” se utiliza para definir a las personas o corrientes culturales y/o políticas, que adhieren a los postulados para la organización de las casas de altos estudios impulsados en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el año 1918. Dichos principios organizativos son el resultado de un conjunto de transformaciones propias de la universidad argentina pero y fundamentalmente, se ligan los cambios producidos en el país y el continente durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Yrigoyen fue un dirigente político que llegó a la presidencia del país en dos oportunidades (1916-22 y 1928-30) luego de un largo proceso que implicó la creación de un partido, la Unión Cívica Radical (UCR) y además, participó de varios procesos revolucionarios[10] contra el programa liberal. Los alcances de sus políticas pueden resumirse en tres grandes aspectos. Primero, el gobierno impulsó una democratización política y cultural en el país. Yrigoyen implementó el sufragio secreto y universal[11] que modificó profundamente el funcionamiento del sistema político, caracterizado por el fraude y el clientelismo de los gobiernos de la oligarquía liberal. Estas modificaciones impulsaron un importante movimiento político y cultural en el país y en particular, fueron motorizados los sectores medios. En dicho contexto, se generó la posibilidad de ingreso de nuevos dirigentes a la política argentina que cuestionaron en muchos casos, a los referentes políticos conservadores incluyendo los universitarios. Asimismo, la etapa implicó el reverdecimiento cultural y la posibilidad de promover nuevos debates intelectuales. Segundo: el gobierno impulsó una política exterior independiente que había sido abandonada desde la caída de Rosas y a partir de nuestro alineamiento a la geopolítica británica[12]. Esta posición soberana en las relaciones internacionales, se expresó y entre otras cuestiones, en la decisión del país de mantener la neutralidad en la primera guerra mundial y en el repudio por parte del gobierno a las actitudes de la ocupación de EUA en Nicaragua y a los Congresos Panamericanos. El tercer aspecto se refiere a la economía. Los principios fundamentales del modelo agroexportador heredado de la etapa anterior, no fueron modificados. Pese a eso, se debe hacer una salvedad con la apertura de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) que Yrigoyen encomendó a Enrique Mosconi y con la participación del Estado como mediador en las discusiones salariales. Asimismo y durante su segundo gobierno, impulsó la nacionalización del petróleo lo que le valió un fuerte rechazo por parte de las empresas norteamericanas. La apertura de YPF y el impulso a la ciencia y las investigaciones militares, no son un dato menor y muchas de estas iniciativas tuvieron continuidad en la década del treinta con la aparición de polos de desarrollo y de empresas del Estado. Un caso paradigmático fue Fabricaciones Militares que estimuló la producción de aviones y también desde la acción militar, se impulsó a las industrias petroquímicas, de de armas o de autopartes de la industria.
Las propuestas de los reformadores
La reforma puede ser explicada a partir de identificar sus fines y los medios a partir de los cuales se pensó alcanzar los primeros. Los fines de los reformadores son complejos de identificar ya que fue un movimiento político y cultural que tuvo diferentes manifestaciones en las distintas universidades, además de la experiencia de Córdoba. Asimismo, la reforma y en consonancia con el reverdecimiento cultural fruto de la democratización política del país y del continente, impulsó los desarrollos intelectuales de figuras diversas como fueron Deodoro Roca, Aníbal Ponce, Manuel Ugarte, Saúl Taborda[13], Alejandro Korn, Alfredo Palacios, José Ingenieros o Gabriel del Mazo, que no tienen necesariamente, una misma concepción acerca de la cultura, las prácticas políticas o los modelos a implementar en la universidad argentina. Es bueno reiterar que la reforma fue una corriente cultural que no se expresó solamente en un debate sobre la organización del gobierno de la universidad, sino que lo excedió y que adquirió diversas manifestaciones en América Latina. Más allá de dicha complejidad, los reformadores legaron una práctica y algunos documentos, entre los que resalta el Manifiesto Liminar que resumió gran parte de sus concepciones.
A- Finalidades de la reforma.
Primero: la juventud tiene el deber histórico de ser un factor de transformación política y cultural. Uno de los hechos más trascendentes inaugurados por los reformadores se relacionó a que promovieron una participación más activa de la juventud en los debates sobre la organización de la política y la sociedad. No habían sido los primeros[14], ni tampoco serán los últimos, pero y lo que es innegable, legaron una concepción voluntarista y vanguardista del lugar de las juventudes en su relación con las realidades del continente. El contexto general era el yrigoyenismo que motorizó la participación popular en la vida pública desde la aplicación de la Ley Sáenz Peña. Así es como el Manifiesto Liminar expresó que “La única puerta que nos queda abierta a la esperanza, es el destino heroico de la juventud (…) el sacrificio es nuestro mejor estímulo, la redención espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa”. No fue casualidad que en el año 1918 se impulsó la apertura de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y que tras ella, se promovieron los congresos latinoamericanos de juventud.
Segundo: se debe renovar la producción de la cultura y las universidades pueden ser la vanguardia en dicha tarea. El Manifiesto Liminar expresó un cuestionamiento a los contenidos y las concepciones de la universidad, ya que “Las Universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”. Frente a dicho panorama, se impulsaron debates y se promovieron figuras intelectuales como los ya mencionados Ingenieros, Korn[15], Palacios o Taborda. Estos objetivos implicaban en opinión de los reformadores, la necesidad de renovar los contenidos y las metodologías de la enseñanza universitaria para poder vincular el saber a las problemáticas del contexto social e histórico. En muchos casos, dicha renovación se trato de una crítica al positivismo, al catolicismo o al pragmatismo liberal.
Tercero: se debía retomar la dimensión americana en las producciones culturales. El Manifiesto Liminar se dirigió a los “hombres libres de Sudamérica” y mencionó que se estaba viviendo una “hora americana”. Tal cual mencionamos, el gobierno de Yrigoyen tenía una política exterior de contenido latinoamericano que actuó como marco general de una generación de argentinos que miraban nuevamente hacia el continente. Dicha mención tendría expresión en la organización de Congresos y de encuentros latinoamericanos y en la producción de intelectuales reformistas, como es el caso de Ingenieros o de Manuel Ugarte. Según Piñeiro Iñiguez “la presencia de Ugarte en la Reforma Universitaria es decisiva. En particular, para que ésta adopte ese claro perfil latinoamericanista, poco común en las iniciativas progresistas argentinas, orgullosas de su hipotético europeísmo” (Piñeiro Iñiguez, 2006: 127-140). El postulado venía a cuestionar en varios aspectos, la tradición europeísta de las universidades y de los intelectuales argentinos, cuya perspectiva teórica era principalmente, importada del viejo continente. Es interesante remarcar que diversos dirigentes del sur del continente con posiciones marcadamente antiimperialistas, adhirieron a los principios reformistas y figuras disimiles en el tiempo o en las ideologías como los cubanos Julio Antonio Mella y Fidel Castro o los peruanos Haya de La Torre[16] y José Carlos Mariategui[17], se reconocen devotos de dicho movimiento (Piñeiro Iñiguez, 2006 o Kohan, 2000).
B- Medios implementados.
Los fines mencionados por los reformistas y en su opinión, se veían imposibilitados por las falencias en el funcionamiento de las universidades, ya que y tal cuál se mencionó en el Manifiesto Liminar el “régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario”. La crítica debe atenderse en el contexto propio de la universidad y además, en la coyuntura característica de la ciudad de Córdoba de la época. El sistema político recién iniciaba la democracia a partir del sufragio universal y muchas de las decisiones eran tomadas por las elites conservadoras y católicas que tenían influencia sobre los Académicos y demás funcionarios universitarios.
Con anterioridad a los sucesos de la UNC del año 1918 ya habían ocurrido algunos hechos que cuestionaban el funcionamiento de la UBA y que implicaron la reforma de sus estatutos en 1906. Desde el año 1903 los estudiantes venían reclamando la modificación de los exámenes, la reforma de los planes de estudio, la desaparición de las Academias y la validez de un concurso en la Facultad de Medicina. Tras algunas manifestaciones y huelgas, se modificó el Estatuto que permitió el ingreso de los docentes a los Consejos desplazando a los Académicos. Relacionado a estos fenómenos y en el año 1908, se creo la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba cuestionaban la gestión de los Académicos y los modos de designar docentes que administraban las instituciones sin atender gran parte de sus reclamos. Dichas exigencias se expresaron en una sucesión de conflictos entre los estudiantes y la institución y estuvieron relacionados entre otros temas, al modelo de asistencia a clase o a la propuesta de la Facultad de Medicina de la UNC de cerrar el internado del Hospital de Clínicas durante el año 1917. En este cuadro, en el año 1918 se conformó un Comité pro reforma y se elevaron los reclamos al gobierno de la universidad que fueron desestimados, acelerando una escalada de manifestaciones públicas y una huelga general que terminó con la intervención de la UNC por parte del gobierno nacional y previa solicitud de los reformistas.
Hipólito Yrigoyen atendió los reclamos estudiantiles y designó al interventor José Nicolás Matienzo que dio por tierra el cierre del internado y modificó el Estatuto del año 1893. La reforma modificó el carácter vitalicio de los consejeros y desplazó a los Académicos proponiendo a los docentes para el control de la universidad. De esta manera, el dirigente radical continuó con sus acciones para democratizar el sistema político desplazando a los dirigentes de las elites tradicionales. Los cambios iniciados no terminaron con los reclamos de la juventud ya que en la convocatoria a la elección de Rector luego de la intervención Matienzo, la Asamblea Universitaria nombró a Antonio Nores que era un personaje ligado a los adversarios políticos de los reformistas y que por eso, no reconocieron al funcionario. Se produjo una nueva intervención del Ministro de Culto e Instrucción Pública, José Salinas. La intervención revocó la elección de los funcionarios cuestionados y nombró por Decreto al Rector, Vicerrector y a los miembros de los Consejo Superior y Directivos.
Lo que es importante mencionar además, es que Salinas promovió la consolidación del cogobierno que es la facultad que tiene la universidad de gobernarse a si misma por intermedio de la elección de sus representantes en los Consejos Superior y Directivo y en los órganos ejecutivos (Rector y Decanos). La reforma propuesta implicó la transferencia de poder desde los Académicos hacia los docentes. La participación estudiantil se ligó a la potestad que tenían los jóvenes de proponer en Asambleas a los graduados y docentes para que los representen en los Consejos. Su participación no implicó el ingreso de los estudiantes a los Consejos de manera directa con voz y voto. Según el estudio desarrollado por Juan Carlos Del Bello (2007), existieron solamente dos iniciativas de participación directa de los estudiantes en los Consejos hasta el año de su legalización nacional de 1955: una fue implementada en la Universidad Nacional de Tucumán en 1924 y otra en la Universidad Nacional del Litoral en 1922.
En este marco, ingresaron a la UNC docentes ligados a la intervención y depositarios de posiciones cercanas a los reformistas. Esta medida bajó el nivel de enfrentamiento de los estudiantes y pasó a un segundo plano el debate sobre la designación de docentes por intermedio de concursos u otros métodos similares propios del cogobierno. La elección de docentes quedó sujeta al modelo heredado de la Ley Avellaneda y los profesores continuaron siendo seleccionador por el Poder Ejecutivo nacional a través de una terna enviada por las universidades.
Se suponía que una vez garantizada la democratización universitaria frente al marco autoritario del contexto político controlado por las elites, la juventud podía impulsar los fines universitarios mencionados.
Interpretaciones de la reforma
“La universidad no puede ser una fábrica de diplomados. El estudiantado hasta ahora buscó obtener un título que le diera un privilegio social y económico sobre el resto de los ciudadanos. Queremos que la universidad sea parte integrante de la gran labor de construcción de una nueva Argentina, que vaya forjando un nuevo hombre argentino, en todos sus aspectos”. Rodolfo Puiggrós
No hay acuerdo entre los historiadores y las corrientes políticas y culturales universitarias acerca de la interpretación sobre los alcances y objetivos concretos de la reforma. En este cuadro, es habitual que se haga una recuperación del proceso definiéndola estrictamente como un sinónimo de gobierno propio de las universidades (autonomía). Dichas perspectivas suelen perder de vista la finalidad originaria del movimiento y se desconocen o se subestiman las posiciones de sus intelectuales y figuras más prominentes. De esta manera, se hace hincapié en los medios políticos y de gobierno aplicados por la reforma y no así, en los aspectos fundamentales del resultado de sus prácticas y de sus objetivos fundamentales. La historia de las universidades argentinas luego del año 1918 puso al descubierto estas complejidades cuando y por ejemplo, las agrupaciones reformistas apoyaron el golpe de Estado del año 1930 contra el dirigente político que los había impulsado o cuando impulsaron el terrorismo militar en el año 1955. Los promotores que inscriben estas acciones en la tradición reformista hacen hincapié y privilegian como tema fundamental, la defensa de la autonomía universitaria frente al accionar del Estado incluyendo incluso, la posibilidad de apoyar medidas antidemocráticas y antipopulares.
Tomando distancia de esa interpretación, están aquellos que establecen que la reforma se define a partir del llamado a la juventud y a la universidad a jugar un rol importante en los procesos sociales, pasando a un segundo plano los debates sobre el cogobierno o la autonomía. A partir de aquí, es que diversos grupos políticos e intelectuales se reconocen deudores de la reforma pero promueven otras prácticas universitarias distantes del mero debate del cogobierno. Un caso paradigmático se refiere a las tradiciones de izquierda universitaria en América Latina, que y tomando un ejemplo como Cuba, rescatan la reforma pero en sus universidades no se administran con el modelo del cogobierno argentino.
En está línea de interpretación que privilegia los fines sobre los medios, se puede mencionar a intelectuales como Arturo Jauretche o Juan José Hernández Arregui que y pese a haber militado en su juventud en las filas del radicalismo y el reformismo, han considerado críticamente las prácticas de los universitarios con posterioridad al año 1918. Hernández Arregui remarcó la importancia histórica de la reforma como movimiento cultural y político de cariz transformador y latinoamericano, pero y luego de analizar la historia mencionó que existió una marcada incapacidad de las universidades para acompañar el desarrollo nacional a partir de la producción de conocimiento y de prácticas socialmente relevantes. Por el contrario, las universidades y en opinión de Arregui, habían apuntalado programas antidemocráticos en lo político y extranjerizantes en lo económico, tomando distancia con los postulados reformistas de intelectuales como Manuel Ugarte. Asimismo, el autor consideró que la juventud argentina de clase media fue incapaz de articular sus prácticas con las del movimiento obrero, cuestión que favoreció su enfrentamiento a los programas políticos democráticos de contenido popular como fue el caso del gobierno de Hipólito Yrigoyen o de Juan Perón. El autor desestimó en su análisis el supuesto de que la reforma era sinónimo de la autonomía y dicha cuestión le permitió establecer que la aplicación concreta de esas consignas fue empleada por otros proyectos de país, a los cuales la clase media había cuestionado citando la autonomía universitaria y las consignas del año 1918. En sus palabras “Los postulados de la Reforma del 18, extensión universitaria, agremiación estudiantil, becas, residencias estudiantiles, cooperativas, comedores y asistencia médica gratuita, universidad abierta al pueblo, equivalencia de títulos para los estudiantes latinoamericanos, etc., fueron conquistas de la época de Perón” (Arregui, 2004: 367-368).
Arturo Jauretche y de manera similar a Hernández Arregui, consideró de manera positiva la impronta de origen del movimiento reformista, pero concluyó igual que éste, que la experiencia finalmente fracaso al ser desnaturalizado el movimiento original. La reforma habría de ser más positiva en otros países de América Latina y en Argentina fracaso ya que “No supo integrar la universidad en el país (…) El desiderátum entonces es una universidad aséptica, depurada de toda preocupación vinculada con el destino de la comunidad y, por consecuencia, de la nación, a la que da expertos despreocupados de los fines de la técnica y el resultado de su aplicación” (Jauretche 2004: 136-137).
Otros intelectuales como Oscar Varsavsky (1969) remarcaron la dificultad del sistema de ciencia y técnica y de las universidades reformistas, para articular la autonomía con la resolución de los problemas nacionales. El debate sobre la autonomía sin plantear los para qué de ella y sin preguntarse la relación posible y necesaria entre saber, política y sociedad, corrían el peligro de derivar hacia posiciones que el autor denominó como cientificistas o desarrollistas. Estos últimos, son los docentes e investigadores cuya producción no es un medio para resolver los problemas sociales y productivos de un país y por el contrario, son un instrumento para reforzar las desigualdades, la dependencia y el subdesarrollo.
La polémica sobre los alcances de la reforma continúa abierta. En este marco, sigue vigente la necesidad de que nuestras universidades y sus jóvenes, se comprometan masivamente en con la producción de conocimiento socialmente relevante y con la construcción de un país industrial, soberano y con justicia social o como sostiene Ana Jaramillo “No se puede hacer ciencia y técnica sin preguntarnos para qué fin, a quién sirve, si implica un bien para la sociedad, la nación la humanidad. No se puede enseñar una profesión sin preparar ese individuo para la vida, sin sembrar en él la reflexión crítica sobre el ejercicio de la misma y su compromiso con la comunidad a la cual pertenece y se debe, para construir una sociedad mejor” (Jaramillo, 2006: 55).
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[1] El obispo diocesano Fray Hernando Trejo y Sanabria realizó un aporte económico para financiar cátedras de latín, arte y teología sobre la base del Noviciado de los jesuitas existente desde 1607 en Córdoba. Gregorio XV le permitió a la Compañía de Jesús emitir grados universitarios con autorización papal en varias ciudades americanas en 1622 (Mignone, 1998: 11).
[2] Adriana Puiggrós (2004: 34-35) reconoció la existencia de diversos modelos de Escuelas en América. Mencionó las Escuelas Pías que funcionaban en las parroquias para las poblaciones indígenas y mestizas; las Escuelas de los Conventos que eran preparatorias para el ingreso a la universidad; las Escuelas de los Ayuntamientos para la población pobre; las Escuelas del Rey controladas por los jesuitas hasta su expulsión; y las Escuelas Particulares que funcionaban con docentes costeados de manera individual, generalmente por comerciantes y que eran habilitadas previamente por el Cabildo.
[3] Entre las instituciones que antecedieron a la UBA se debe mencionar al Colegio Unión del Sud (1818) abierto sobre la base del Colegio de San Carlos (1783-1810). En él se desarrollaron estudios “preparatorios”. Se creó en este período la Escuela de Matemáticas (1810 – cierra ese mismo año-); la Escuela de dibujo (1815); la Academia de matemáticas y Arte militar (1816) y la Academia de Jurisprudencia (1814). (Mignone, 1998).
[4] En temas educativos Rivadavia impulsó el método lancasteriano en las escuelas de Buenos Aires y abrió el Colegio de Ciencias Morales sobre la base del Colegio de la Unión del Sud (Puiggrós, 2004: 58).
[5] Francia exigió privilegios de sus ciudadanos para evitar el servicio militar y quiso obtener por la fuerza la libertad de comercio para sus productos. En ese periodo las potencias ocupaban posiciones coloniales en África y en Asia. Inglaterra tomó por la fuerza las islas Malvinas en el año 1833.
[6] Tras la derrota electoral de su partido protagonizó levantamientos militares en septiembre de 1874 y en junio del año 1880 desconociendo los triunfos de Nicolás Avellaneda y de Julio A. Roca.
[7] La denominación “desierto” escondió y justificó la eliminación de las poblaciones aborígenes.
[8] El servicio militar desarrolló funciones educativas vinculadas a la homogeinización cultural de los inmigrantes y a la enseñanza de la lectoescritura.
[9] Osvaldo Magnasco que fue Ministro de Justicia e Instrucción pública de Roca, intentó modificar sin éxito la educación enciclopédica a partir de promover la educación técnica.
[10] Revolución del Parque contra el gobierno de Juárez Celman; el levantamiento de julio de 1893 contra Luis Sáenz Peña y en el año 1905 contra Manuel Quintana.
[11] La ley fue sancionada en el año 1912. El reclamó de voto secreto y universal tenía otros impulsores además de la UCR, como fue el Partido Socialista. Con la reforma electoral seguían sin votar las mujeres o los miembros de las fuerzas de seguridad.
[12] Existieron excepciones en las gestiones de Bernardo de Irigoyen o de Luis María Drago que marcaron algunos trazos importantes de la política exterior. Este último, se opuso a la ocupación militar de Venezuela de 1902 ejercida por Alemania, Inglaterra e Italia para cobrar la deuda externa inaugurando la llamada “doctrina drago”.
[13] Saúl Taborda fue Rector del Colegio nacional de la UNLP en el año 1920 (Taborda 2009).
[14] Del proceso de la independencia de 1816 a la fecha se produjeron 4 grandes intervenciones de la juventud como actor político y cultural. La primera fue la “generación del 37”; la segunda fue la “juventud del ochenta”; la tercera la “juventud reformista”; y la cuarta y última gran intervención generacional fue la “juventud de los años sesenta y setenta”.
[15] Según Luis Aznar (1936: 9) “Alejandro Korn bregó incansablemente para que los estudiantes dieran a su movimiento un contenido que estaba más allá de los estatutos y de la modificación de los planes de estudio. Lo que fallaba era la universidad en si, como institución divorciada de la realidad social que la sustentaba”.
[16] Haya de LaTorre fue presidente de la Federación universitaria del Perú y fundador del APRA.
[17] El caso de Mariategui es emblemático de la exportación del modelo reformista a América latina. En su obra Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana el autor le dedica un apartado a la aplicación de los principios reformistas en la Universidad de Lima (Mariategui, 2005).
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