La controversia con el Reino Unido

(gentileza Ernesto Jaurteche)

Entre los numerosos hechos históricos que jalonan las intervenciones imperialistas a nuestro territorio, por su significación para la actual República Argentina (ver adjunto:

BREVE RELACIÓN DE CONSPIRACIONES CIPAYAS, INVASIONES INGLESAS Y ATAQUES IMPERIALISTAS A LAS ISLAS MALVINAS Y EL TERRITORIO CONTINENTAL ARGENTINO), cabe recordar que el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon las islas, expulsando a la población y autoridades allí establecidas. Dicho acto de fuerza fue protestado por los gobiernos y nunca consentido por el pueblo de nuestro país.

Ante la persistencia de tal usurpación, el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2065 (XX), mediante la cual se define a la Cuestión Malvinas, como una “situación colonial especial y particular” considerando la presencia británica como una forma de colonialismo.

A su vez, el máximo organismo universal reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como únicas partes, instando a ambos gobiernos a retomar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la controversia, teniendo debidamente en cuenta tanto las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas como los intereses de la población de las Islas Malvinas. Los actos unilaterales suscitados hasta la actualidad, aunque tienen diversa interpretación política, no han modificado de modo alguno la naturaleza jurídica de la disputa.

Tomando una nueva iniciativa orientada a activar el hasta ese momento larvado conflicto, en el mes de enero, David Cameron reveló que el Consejo de Seguridad del Reino Unido se reunió para discutir los planes para defender las Islas Malvinas. Una risa: acusó a los argentinos de comportarse de forma “colonialista”.

Por su parte, el secretario de Defensa inglés, Philip Hammond, dijo que “No hay necesidad de aumentar el despliegue militar británico en las Islas del Atlántico Sur, a pesar del aumento de las tensiones entre Gran Bretaña y Argentina”. A pesar de eso, Hammond aseguró: “Sin Embargo, el gobierno se ha comprometido a defender el derecho a la autodeterminación de los isleños…”.

Hasta aquí, nada nuevo; sólo provocaciones de Cameron dirigidas a levantar imagen política al interior de su país y bravatas militaristas sin efectos conducentes en el diferendo malvinense.

Un nuevo escenario

A 179 años de la ocupación ilegítima, la Cuestión Malvinas constituye una Política de Estado, consagrada en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece el objetivo permanente e irrenunciable de la República Argentina de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios ocupados por los ingleses y espacios marítimos circundantes, conforme a los principios del derecho internacional.

Ambas partes desarrollan acciones en el litigio en todos los ámbitos pertinentes; pero no se puede ignorar el progreso alcanzado por la conducción política de Cristina: a partir de que el Frente para la Victoria asumió la conducción del Estado, la Argentina logró vigorizar su argumentación y sus demandas ante el mundo en el conflicto territorial con la potencia colonialista.

Incluso, obtuvo un pronunciamiento a favor de la posición dialoguista de Argentina del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no fue solamente una expresión oportunista: responde a necesidades indispensables de los norteamericanos en su relación con lo que consideran su “patio trasero”.

La negativa a recibir en sus puertos a buques de bandera inglesa, el quite de colaboración portuaria y las iniciativas populares en otros ámbitos, y los enérgicos pronunciamientos obtenidos en foros mundiales por los gobiernos latinoamericanos, son hechos concretos que van más allá de las meras declaraciones de compromiso que nutren la historia diplomática del continente en su conflictiva relación con Inglaterra y los Estados Unidos.

Hacia una más favorable relación de fuerzas

Lo que representa una notable innovación de paradigma, es que en la actual coyuntura se da el hecho histórico de que la mayoría de las naciones del continente, al decir de Cristina, “tienen gobiernos que se parecen a sus pueblos”. Y que, además, el presidente Kirchner y la actual presidenta, como parte de una revisión profunda de todas las condiciones imperantes en la República, han puesto en práctica una transformación estratégica de alcances históricos: una política de Estado de proyección continental y relacionamiento provechoso con nuestros hermanos de la Patria Grande. Ese es el motivo de fondo que hoy permite a Argentina dar un formidable salto en calidad frente a una Inglaterra obligada a asumir una posición defensiva. La causa Malvinas es también la causa de las naciones suramericanas.

El fortalecimiento del Mercosur y la UNASUR, y la creación de la CELAC y otros foros e instituciones plurinacionales, abren las puertas a la unidad del continente y a la superación de doscientos años de desencuentros. No fue ajena a esta balcanización la insidiosa diplomacia inglesa del siglo XIX. Pero aquel imperio sufre hoy la peor de las decadencias; aquella que no le permite mirar su propio agotamiento.

Inglaterra ya no debate únicamente con el país víctima de la usurpación; tiene que vérselas con el conjunto de las naciones latinoamericanas que consideran el hecho colonial como un agravio a sus propias soberanías.

El frente interno

Si en el plano internacional los avances del gobierno de los Kirchner son incuestionables, el colonialismo tiene a su servicio intelectuales, educadores, medios de comunicación y otros lacayos nativos, que expresan libremente sus opiniones coincidentes con las del usurpador. En su momento, fueron los adalides de la “desmalvinización” de la opinión pública y la conciencia nacional. Y hoy, ocultando que centenares de jóvenes compatriotas entregaron su vida defendiendo suelo latinoamericano, sin contar la fraudulenta conducción militar, fomentan el tratamiento del problema malvinense como una cuestión subalterna.

En rigor, el tema es si esos publicistas que tratan de impedir la definitiva descolonización del enclave alojado en el costado de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, son realmente argentinos.

Su “visión alternativa” (la “libre determinación de los kelpers”) no es otra cosa que la argumentación británica, pero esta vez escrita en castellano y difundida por medios argentinos. Es revelador del desprecio por lo propio el concepto que propone “dejemos en paz a esos isleños que tienen muchas más posibilidades que nosotros de llegar a ser un país en serio”. En síntesis, cuestionan el derecho, la honradez y la dignidad de los argentinos a recibir lo que nos pertenece, y adjudica esos méritos a los descendientes de los colonos británicos.

No es cuestión secundaria que desde una perspectiva ideológica antagónica a la del gobierno se promueva una versión negativa del sentido de pertenencia y del “ser nacional”, se promulgue la idea sarmientina de que “el problema argentino es la extensión” y se niegue la relación histórica y emotiva entre el territorio, la patria y el pueblo.

Los autores del manifiesto y demás declaraciones opuestas a la política oficial sobre Malvinas que se pronuncian en defensa de la causa imperial, tratan de disminuir la confianza en el país e inculcan una supuesta inmadurez de sus habitantes.

¿Necesitan acudir a esa actitud humillante y vergonzosa para atacar al gobierno o buscan un lugar donde ser reconocidos como actores nativos funcionales al imperio? ¿Son simplemente idiotas útiles o los mueve algún motivo conveniente?

El mismo tratamiento merece la difusión de la idea de una Argentina “invasora” frente a una Gran Bretaña “reconquistadora”. Es decir: ¡los argentinos fuimos los agresores! Ninguna relación guarda el argumento de que la guerra fue producto de las necesidades de una dictadura genocida con la actualidad de la vigencia de nuestros derechos soberanos sobre nuestro territorio.

La dictadura tenía que encontrar un justificativo histórico a las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad ejercidos por los gobiernos de las juntas militares a partir de 1976. Ese fue el origen de una guerra que nadie del pueblo argentino quiso: tapar sangre con más sangre. La Guerra de Malvinas en 1982 fue un intento de la Junta de perpetuarse, a pesar de lo que ya era una crónica anunciada la caída del Proceso. Idearon así una acción destinada a confundir los intereses de la secta cívico-religioso-militar con los de la Nación.

La cartilla de argumentos justificatorios de la ocupación colonial que la actual administración británica exhibe, pone el intento de recuperar la legítima soberanía argentina sobre las islas por medio de una guerra como un producto ilegítimo de una dictadura (que no invalida razón histórica alguna) y que Inglaterra al derrotarla habría contribuido a la recuperación de la democracia argentina. Pero todo parece indicar que en 1982 el intercambio de ideas y misiles se dio entre pares: ¿cómo explicarán los ingleses el apoyo que el thatcherismo recibió de Pinochet? ¿y el crimen de lesa humanidad que costó la vida a 323 compatriotas del Crucero General Belgrano? ¿y los más de 200 años de historia de agresiones imperiales tanto a las Islas como a la tierra firme de los argentinos? Fácil: fue una confrontación entre fascistas que hablaban diferente idioma. Los ciudadanos argentinos (y los ingleses), al margen.

No obstante, en estos días, otra vez, resulta cierto que Inglaterra no manda colonos donde hay cipayos que cumplen el oficio, por embarazoso que les resulte.

Cabe preguntarse qué pretenden, desde que, parece que a su pesar, estos irredentos demócratas republicanos que defienden los intereses imperiales detentan la nacionalidad argentina. Dadas las condiciones actuales del conflicto, está cada día más cercana la recuperación del archipiélago, y es por eso que se les soltó la cadena. Sin embargo nadie, por furibunda que sea su vocación opositora al actual gobierno, juega su suerte al bando perdedor.

El litigio entre intereses estratégicos

Una reflexión directa que permite explicar esa conducta aparentemente absurda, surge de la evidencia de que Argentina no sólo defiende su patrimonio territorial: está siendo convocada a una disputa de futuro. No tiene su interpretación únicamente en la consideración de opuestos intereses económicos: la controversia estratégica es por el control del paso entre los dos océanos, del Atlántico Sur y de la Antártida, nada más ni nada menos.

Hasta hoy, los norteamericanos acuden al canal interoceánico de su creación: Panamá. Pero está obsoleto; un problema geopolítico. En función de ello es que no faltan en nuestro país quienes ya vislumbran que la inteligencia militar inglesa, que apostó a Reagan en 1982, está invirtiendo a futuro; y que, en la decadencia de su poderío imperial, en realidad sostiene a duras penas un emplazamiento prominente para ponerlo a disposición de los Estados Unidos y/o las superpotencias emergentes, con los consiguientes beneficios a su favor.

Allí se encontraría la causa lógica de los posicionamientos del cipayismo local: para salvaguardar sus privilegios, se cobija en poderes enemigos del rumbo señalado por un gobierno que persigue el logro de un pueblo feliz en una Nación que ejerza sus derechos soberanos sobre la totalidad de su territorio.

Será como en 1845 y tantas otras ocasiones, aunque esta vez no harán falta las cadenas en el río. No pasarán. Ni los de afuera ni los de adentro.

^{* Juan José Hernández Arregui}